La Consejería de Vivienda propuso a promotores y entidades financieras que le hicieran constar aquellos inmuebles sin vender cuyo precio estarían dispuestos a bajar pasa darles salida con el fin de interceder para que fluyera el crédito. Los propietarios de los pisos tenían de plazo inicialmente entre el 20 de julio y el 30 de septiembre, pero la Junta lo prorrogó hasta el 5 de octubre pues la medida no tuvo gran respuesta en principio.
La patronal de los promotores Fadeco habló inicialmente de 4.000 viviendas registradas de las entre 100.000 y 120.000 que se estima que están sin vender, y culpó del escaso interés de la medida a la desconfianza en las políticas de la Junta. Por su parte, el consejero de Vivienda, Juan Espadas, llegó a reconocer públicamente que la cifra de pisos registrados no era muy elevada y acusó a los promotores de tener escasa disposición a recortar sus beneficios.
Sin embargo, ayer, Espadas dio a conocer la cifra final, mucho más elevada:70.000 viviendas libres sin vender, si bien reconoció que el volumen mayor de propuestas a la web habilitada llegó en la recta final y procede sobre todo de las entidades financieras que se encuentran con pisos o construcciones embargadas. "Quisimos ser prudentes y no dar datos hasta tener los resultados, de forma que parecía que la medida no había tenido interés", subrayó el consejero.
Ahora, Vivienda trabajará para analizar "cuántas se encuentran en los municipios con una demanda más amplia y a qué precio están dispuestos a venderlas sus propietarios".
Al mismo tiempo, el departamento de Espadas estudia con la Consejería de Economía "pactar unos incentivos entre las entidades financieras y la Junta".
Se trata de "poner de acuerdo a la oferta y a la demanda y de dar a conocer la oferta a los demandantes, pero no habrá ninguna injerencia de la Administración", ya que "cualquier tipo de ayudas públicas se reserva a las viviendas de protección oficial y al Plan de Vivienda", subrayó.
Así, los acuerdos con las entidades financieras pueden alcanzarse "sobre la fórmula de que la ayuda que se dé al adquirente sea un préstamo reintegrable a más plazo", porque la entidad "necesita un soporte o un aval de la Administración autonómica para dar facilidad al adquirente".
