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Los bares de la Alfalfa se querellarán por coacciones contra el Ayuntamiento

La pasada semana el Consistorio clausuró varios locales de la zona por vender copas para tomar en la calle, incumplir horarios y montar espectáculos sin licencia.

el 25 nov 2014 / 08:00 h.

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Uno de los bares que se han visto afectados por las sanciones municipales en la última semana es el Berlín, un clásico de la Alfalfa. Uno de los bares que se han visto afectados por las sanciones municipales en la última semana es el Berlín, un clásico de la Alfalfa. Los residentes del barrio de la Alfalfa, después de mucho quejarse del ruido, al fin han podido pegar ojo este fin de semana, gracias en parte al férreo control policial impuesto por el Ayuntamiento ante la presión vecinal, y también por el desfavorable clima de esos días. Pero como nunca llueve a gusto de todos, ahora son los bares de copas de la zona los que se han levantado en armas y preparan, incluso, acciones legales contra el gobierno local. El origen de esta nueva vuelta de tuerca al eterno conflicto entre el derecho al ocio y al descanso en el Centro se remonta a las últimas semanas. El consistorio ha redoblado su control sobre los establecimientos de la calle Pérez Galdós, incoando expedientes sancionadores que van de los 600 a los 3.000 euros, y que incluyen, en algunos casos, clausuras de uno y dos meses. Las sanciones han estado motivadas, según el Ayuntamiento, por «incumplimientos de horarios, venta de alcohol para ser consumido fuera del establecimiento –esta infracción es la que está castigada con dos meses de cierre– y la realización de actividades que exceden lo contemplado en la licencia, como el montaje de espectáculos». En concreto, el jueves y viernes de la pasada semana se cerraron seis locales en el Casco Antiguo. Entre ellos, se encuentran El Berlín, La Espuela, El Cubanito o La Rebotica, alguno de los que concentraban más actividad en la Alfalfa las noches de los fines de semana. A juicio del gobierno local, estas actuaciones evidencian «que se está actuando», según informaron fuentes del consistorio, que subrayaron que cada clausura responde a un proceso, «en el que los negocios afectados han sido notificados y han contado con 15 días para presentar alegaciones». «El Ayuntamiento se limita a aplicar la ley», subrayaron. Los empresarios afectados por las multas y cierres mantienen una visión diametralmente opuesta. «Esto es una persecución injustificada, ya que no está claro que se estén dando incumplimientos de la Ley», explicó a El Correo Juan Isidro Fernández, el abogado que representa a estos negocios. De hecho, mañana miércoles los bares de la Alfalfa se reúnen con el letrado para ultimar las medidas legales que emprenderán, aunque ya tienen claro que irán por la vía criminal y la contencioso administrativa. «Pueden darse muchas circunstancias, como que un chaval vaya con litrona o botellón a esa calle, pero diga a la Policía que ha comprado la bebida en un bar. O que un cliente adquiera una copa en la barra y salga corriendo afuera», indicó el abogado, que defendió que en Pérez Galdós hay empresarios que llevan casi 30 años regentando locales «y creando muchos puestos de trabajo». En opinión de Juan Isidro Fernández, con esta presión «no les dejan ejercer el negocio de bar, y eso no se puede permitir. Hay que escuchar las dos versiones». Según avanzó el letrado, se va a presentar «una querella por coacciones contra la Policía Local, es decir, el Ayuntamiento». En paralelo, «vamos a poner una reclamación por la vía contencioso-administrativa, porque este problema lo debe dirimir el Tribunal Superior de Andalucía (TSJA)». «Si estos negocios cumplen la normativa, no se entiende por qué deben ir contra ellos los agentes como en la Edad Media», apuntó. Desde la plataforma Alfalfa Degradada, la entidad vecinal que se ha encargado de denunciar los problemas de ruido que, a su juicio, genera la actividad de los locales de la Alfalfa, no se comparte este diagnóstico. «No entiendo la postura de los bares. Les hemos rogado por las buenas que nos dejaran dormir y ahora, cuando los cierran por incumplir la normativa, se ponen a las malas. Que cada palo aguante su vela», dijo ayer la portavoz de la plataforma, Silvia Carrión. «Hemos tenido un problema de dejación de las funciones municipales durante años y ahora nos empiezan a solucionar esta cuestión. Si esos negocios no respetan la ley, es un conflicto entre el consistorio y los empresarios. Nosotros somos los afectados, las víctimas», añadió la líder vecinal. Además, Carrión remarcó que ellos no han denunciado a ningún establecimiento. «No queríamos acabar con los bares, solo que se cumplieran las ordenanzas para poder dormir». Al respecto, resaltó que este fin de semana, los residentes han podido descansar, «en parte también porque el tiempo ha acompañado».

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