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Los bares del centro estudian hacer un día de huelga contra la presión policial

Los empresarios de ocio nocturno de Alfalfa, Arenal y Alameda buscan concienciar de su situación.

el 13 ene 2015 / 00:05 h.

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Crespones negros en las persianas de los negocios. Eso es lo que se encontrarán los vecinos de Sevilla en lugar de las puertas abiertas de los bares donde desayunan, toman una cerveza o una copa. «Tenemos que concienciar a los sevillanos de nuestra situación», cuenta un socio de uno de los negocios que se ha visto afectado por los precintos policiales durante estas fiestas en la Alameda, Arenal y Alfalfa. «Sabemos que cerrar un día nos costará mucho dinero, pero es la única forma de que vean lo que supone eso que piden ciertas plataformas vecinales: que cierren todos los establecimientos». El Ayuntamiento aprobó el año pasado una Ordenanza de veladores y otra de ruidos. / José Manuel Cabello Y es que estos pequeños empresarios cuentan que se sienten «casi como delincuentes». «La Policía viene cada fin de semana a pedirnos los papeles». «El día 30 vinieron a las 10 de la noche reclamando la documentación y el viernes siguiente a las siete de la tarde. Esto ya es un acoso psicológico», relatan. «Si los vecinos dicen que no pueden dormir, nosotros también tenemos que tomar pastillas para hacerlo. Cuando llega el viernes siento pánico», confesaba uno de ellos. Estos empresarios dicen encontrarse ante «una situación de impotencia e indefensión». «Tenemos nuestros papeles en regla, ejercemos la misma labor, algunos desde hace 11 años, y lo único que somos realmente es trabajadores, con deberes que cumplimos a rajatabla, sí, pero también con derechos», recuerdan. Los dueños de estos locales apuntan que no solo han tenido pérdidas por las multas (algunas ascienden a 6.000 euros) o los precintos (de hasta dos meses en ciertos establecimientos, justo en esta época del año «cuando hacemos el 40 por ciento de la caja del año»), si no que a esto se suma una constante presencia policial que «espanta a los clientes». «Desde el mes de noviembre no podemos trabajar con normalidad», confiesan. «Si no vienen a pedirnos los papeles, nos multan por tener 12 mesas en el velador cuando tenemos licencia para poner hasta 13 o aparecen seis furgonetas y cuatro coches con los de Medio Ambiente para reclamarnos nuevas medidas o nos vuelven a precintar», afirman. «Lógicamente hemos perdido en todo este tiempo mucha clientela. Nadie quiere venir y encontrarse esta situación tan desagradable mientras se toma algo». Por ello, estos hosteleros afirman que sienten «amenazados en lugar de respaldados por las autoridades». «Siempre ha habido presencia policial los fines de semana, pero ahora son más exigentes», comenta otro de los dueños de varios locales. «No entendemos por qué se nos aplica la ley antibotellón. Nosotros pagamos unos impuestos por los veladores y por vender alcohol. Botellón es lo que se hace a unos metros de nuestros bares, en la calle o en las plazas, y contra eso no se hace nada», se lamentan. Si bien, la intención de este colectivo, que trabaja por constituirse en una plataforma, es llegar a alcanzar una solución a un problema que, consideran, «se ha desmadrado». «Entendemos a los vecinos y creemos que tienen derecho al descanso, pero esto se soluciona si nos sentamos a hablar y hay voluntad de llegar a entenderse. Creemos firmemente que no es tan difícil», apuntan. Además, estos empresarios aseguran que la ley no se aplica por igual a todos los locales ni en todas las zonas. Algo que tildan de «incomprensible». «No tiene sentido que nos cierren el bar en una calle y a 100 metros, donde también hay vecinos y hay gente en la calle bebiendo no se actúe», apuntan. «Es que por esa regla de tres, deberían estar cerrados la mayoría de los negocios, incluso los más clásicos». Y recuerdan que «Sevilla vive del turismo, del ocio, de los comercios. Si nos cierran, ¿en qué vamos a trabajar?». Igualmente, ponen en entredicho la posibilidad de que los precintos se hayan ejecutado por denuncias de los vecinos pues «llevamos tiempo reclamándolas y no nos las proporcionan». Piden, además, que se investigue la veracidad de las mismas. «Si el vecino vive en la calle Trajano, por ejemplo, no puede ser que le moleste un negocio que esté cerca de Calatrava. O si quien denuncia es el dueño de un edificio del Arenal pero vive en otro barrio esa denuncia no debería tener valor», señalan. La polémica comenzó el pasado septiembre con los incidentes en la Alfalfa. El fin de semana del 20-21 de diciembre la Policía precintó hasta 11 locales en varias zonas de la ciudad. En todos los casos por incumplir la ley al permitir a sus clientes beber en la calle y «siempre respondiendo a denuncias vecinales», apuntaron fuentes municipales, ya que «existe el compromiso del Ayuntamiento con los vecinos de las zonas afectadas, de actuar y que las ordenanzas se cumplan».

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