La historia se repite. Tras la paralización de los programas de formación y empleo municipales cofinanciados por el Gobierno andaluz, toca el turno a los servicios sociales que atienden a la población de zonas especialmente desfavorecidas. 49 trabajadores de los servicios sociales de las Zonas de Especial Actuación como el Vacie, el Polígono Sur y Tres Barrios ya han recibido la carta que les comunica que el día 30 termina su contrato.
El Ayuntamiento alega que espera la resolución de la Junta dando luz verde a la continuidad del programa -cuya financiación corresponde en un 80% al Gobierno andaluz y en un 30% al Consistorio- y el pago de la deuda del año pasado y la Junta solo promete un esfuerzo para "agilizar" los trámites y "dar prioridad" al abono de los atrasos. Los sindicatos alertan del parón en la atención a 15.000 familias.
El jueves a las 16.00 horas levantarán una acampada de 24 horas en la Plaza Nueva porque, tras estos 49 trabajadores con futuro incierto vienen otros 24 de los Puntos de Información a la Mujer cuyo contrato expira en octubre, 21 de los equipos de tratamiento familiar que cumplen en noviembre y 45 de los servicios de valoración de dependencia que están hasta diciembre. En total, según los sindicatos, se recortará el 40% del persona del Área de Bienestar Social y casi el 90% del organigrama de las Zonas de Especial Actuación.
Desde el Ayuntamiento aseguran que la carta recibida por los trabajadores responde solo a la obligada comunicación de que el contrato termina en 15 días pero que "no hay nada firme" y que el Consistorio "no tira la toalla y está haciendo todo lo posible para que no corran peligro estos programas ni empleos". Sin embargo, el comité de empresa "abordó" ayer mismo al alcalde, Juan Ignacio Zoido, tras un acto público en el Ayuntamiento, para pedirle que adelante la financiación del programa mientras la Junta aprueba la resolución para no paralizarlo pero "dice que de momento no, otra vez alegando que el interventor no lo permite", según explicó el presidente del comité de empresa municipal, Manuel Loza.
Los sindicatos reconocen la responsabilidad de la Junta y también se han dirigido a ésta y no descartan movilizarse contra ella, pero recuerdan que "los trabajadores son del Ayuntamiento y los ciudadanos a los que atienden son sevillanos" por lo que "la responsabilidad es compartida". "Este alcalde se presentó como el del empleo y los barrios y precisamente está desatendiendo esos dos ámbitos", lamenta Loza.
El presidente del comité de empresa reconoce que no temen que no se renueve el programa pero alerta de que el parón de los contratos obligará a cerrar las Unidades de Trabajo Social en zonas con una población especialmente vulnerable. Los 49 empleados afectados inicialmente son trabajadores sociales, psicólogos, educadores o sociólogos que atienden necesidades básicas de familias desfavorecidas.
IU ha anunciado que llevará al pleno municipal una moción por los recortes en la plantilla municipal y la falta de diálogo con sus representantes sindicales de la delegada de Hacienda, Asunción Fley, quien respondió que se han reunido varias veces y que no se cubren vacantes pero "no se ha despedido a nadie".
