De la petición de la Fiscalía de levantar las medidas cautelares sobre las acciones de Lopera se ha dado hoy traslado a las partes demandantes (Liga de Jusristas, Béticos por el Villamarín y PNB, entre otras) que tienen cinco días para estudiar la petición y presentar las alegaciones que crean convenientes.
Este miércoles, por tanto, no habrá resolución ninguna sobre el caso, pese a que es posible que el TSJA designe un nuevo juez que se haga cargo del mismo por la prolongada baja de la jueza Alaya, que desde septiembre está aquejada de unas fuertes migrañas que le impiden acudir al juzgado.La enfermedad y el caso de los ERE han impedido a la jueza finalizar la instrucción del caso tras casi cuatro años con él. Lo primero que tendría que hacer el nuevo juez, llegado el caso, sería ponerse al día de los miles de folios de que consta la instrucción.
La petición de levantar las medidas cautelares dictadas por la juez Alaya ya fue rechazada dos veces por el juzgado de instrucción nº 6, decisión ratificada por la Audiencia Provincial hace dos años.
Según los informes periciales, Lopera cometió delitos societarios de forma continuada durante su mandato al frente del Betis y le causó un perjuicio de 25 millones de euros .
De todos modos, en caso de que las medidas cautelares se levantaran por la via penal, acto seguido entrarían en vigor las medidas cautelares concedidas por el Juzgado de lo Mercantil , aunque para ello los demandantes deberían presentar un aval de 230.000 euros como caución. Ese aval ya lo tienen preparado los demandantes, entre los que destaca el ex presidente Hugo Galera, de Béticos por el Villamarín, que cuenta con el respaldo de otros béticos con potencial económico.
De levantarse las medidas cautelares por la vía penal, cesaría la administración judicial (José Antonio Bosch), pero el consejo de administración que preside Miguel Guillén seguiría gobernando el club hasta la celebración de una junta de accionistas, como muy pronto una vez finalizada la temporada.
A ella solo podría acudir Lopera con la representación de un 20% de acciones –ahora embargadas–, pues el 30% restante lo controlaría un administrador nombrado por el juzgado Mercantil. Los grupos demandantes aglutinan un 11%, así que en el consejo resultante podrían tener cabida familas muy dispares.
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