Se subastan. Un total de 27 inmuebles --incluidas viviendas, garajes o locales comerciales--, además de obras de arte, acciones en empresas participadas, coches y muebles pertenecientes a Contsa Corporación Empresarial, sociedad declarada en concurso y en liquidación, saldrán a puja hoy en Sevilla por orden del Juzgado de lo Mercantil 1, tras ser propuesto por los administradores concursales. Fuentes de los acreedores ordinarios de Contsa, que presentaron dos propuestas de convenio para evitar la subasta, se muestran engañados, desamparados y defraudados. Se llega a la liquidación de todos los activos de la empresa y los pequeños acreedores no van a recibir ni un euro. La puja se celebrará en una notaría del Centro de Sevilla y en la misma los precios de salida de los diversos bienes tendrán un descuento del 50 por ciento sobre su valor de mercado, según aparece la página web subastacontsa.es. Entre lo más caro, un edificio en Almonte por 2 millones de euros, y una finca en esa localidad por 1,7 millones, pero también hay mobiliario de oficina, tres lotes de obras de arte pintura, orfebrería religiosa como un llamador y cruces de plata, o esculturas y vehículos de distinta gama, entre ellos tres BMW y un Range Rover. Los acreedores recuerdan que un concurso de acreedores se supone que es proteger los intereses de los acreedores y aquí no se ha cumplido. Las entidades financieras, unas 15, tenían garantías hipotecarias y no vieron peligrar sus derechos de crédito, solo retrasos durante un año. En cambio, los acreedores ordinarios no tenemos protección de nuestros derechos. Son unas 1.700 personas, de las que 900, el 70 por ciento, suscribieron las dos propuestas de convenio presentadas ante el juez y rechazadas por éste a petición de los administradores concursales. Tras recordar que Contsa tenía dos actividades, una inmobiliaria, de compraventa de inmuebles y arrendamientos, y ajena a cualquier conflicto; y la otra actividad financiera, las fuentes de los acreedores ordinarios han indicado que en julio de 2008, en el informe provisional del juzgado, los activos quedaron paralizados, se paralizó la actividad de la empresa y venía predeterminada la liquidación de la sociedad. En julio de 2008 la administración concursal valoró los activos en 54 millones y había 18 millones de pasivo en aquel momento, por lo que se podrían haber liquidado ordenadamente los activos y se podría haber empleado la fórmula de dación en pago para los grandes acreedores (los bancos) y después pagar a los pequeños, recibiendo los acreedores ordinarios unos 30 millones, lo que hubiera supuesto el 40% de nuestra deuda. Si la administración concursal hubiera actuado diligentemente, se hubiera podido repartir entre todos, pero no se hizo, y a día de hoy esos activos no existen, han desaparecido o se han devaluado. Nos sorprende que sea el único concurso en el que la administración concursal no ha pedido amparo al juez, se ha permitido que las entidades financieras insten los procedimientos de ejecución, por lo que se han perdido los activos que estaban hipotecados y aportados en garantía y las entidades financieras han seguido reclamando su deuda a la empresa. Lo que se va a subastar se va a vender a precio de chatarra y quincalla y después de cinco años no vamos a ver ni un céntimo, agregan los pequeños acreedores, quienes consideran que eso en manos de un gerente no pasaría, pero ha existido una actuación negligente de la administración concursal que no ha protegido los intereses de los acreedores; no se ha tomado ni una sola medida en beneficio de los pequeños.
