"El Gobierno andaluz no va a tomar decisiones o acuerdos que puedan impedir un debate en profundidad [sobre el sector público] y apuesta por el diálogo sincero". El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se empeñó ayer en el Parlamento en demostrar que está dispuesto a casi todo para cerrar un pacto sobre la reforma del sector público y sus guiños se centraron sobre todo en IU y en su líder, Diego Valderas.
La orden que Griñán ha dado a su Gobierno es que se ralentice, para acompasarla al diálogo parlamentario, la negociación de los estatutos de las futuras agencias públicas. La polémica reforma en marcha prevé la supresión de 111 empresas de los 254 entes públicos. La mayoría se fusionarán o serán absorbidas por 14 grandes agencias, cuyo desarrollo ya se ha comenzado a intentar negociar con los sindicatos, sin éxito con los de funcionarios (como CSIF o Safja) que ven aquí la prueba de que la voluntad de diálogo de la Junta no es real sino un "paripé". Alegan que cómo es posible negociar el decreto en la Cámara cuando en paralelo la Junta ya está tratando de poner en marcha los cimientos de las futuras agencias. Griñán no quiere que ningún aspecto formal o burocrático como los estatutos, según fuentes socialistas, entorpezcan la negociación en sede parlamentaria.
El Ejecutivo quiere apagar a toda costa este incendio que le ha puesto en contra de forma inesperada a buena parte de sus trabajadores públicos y hace ya varias semanas que pegó un golpe de timón y ordenó abrir el debate con los partidos de la oposición y los sindicatos minoritarios en el Parlamento. De ahí que la reforma, tras pactarse con UGT y CCOO, se vaya a tramitar como proyecto de ley en la Cámara.
Fue Valderas quien interpeló a Griñán sobre este asunto y encontró a un presidente cuidadoso en las formas y abierto al acuerdo. Después de la sesión de control Griñán se acercó a Valderas en el patio de la Cámara y charló brevemente con el líder de IU para dejarle constancia de su voluntad de acuerdo y pedirle que se sienten a hablar con las cartas boca arriba con los negociadores socialistas, Mario Jiménez y José Caballos. Las vibraciones entre ambos partidos son buenas aunque queda mucha tela que cortar.
Valderas puso sobre la mesa ocho condiciones muy concretas para llegar a un pacto. Entre esas líneas rojas situó que se aplacen los estatutos que darán forma a las futuras agencias para que éstos puedan también discutirse. IU pide que se cambien aspectos técnicos del decreto, como que los modelos de agencias contemplados se reduzcan a dos y no sean tres (como ahora), que las agencias queden adscritas a una sola consejería, que se separen con claridad las potestades administrativas o que los nombramientos discrecionales se limiten de directores generales para arriba.
El presidente de la Junta tendió puentes y admitió que todos esos aspectos concretos se podrán discutir en el trámite de enmiendas que ahora se abre en el Parlamento. "Las puertas están abiertas al diálogo", "podemos llegar a puntos de encuentro y acuerdo si todos partimos de la defensa del modelo de servicio público" o "el acuerdo no será difícil", reunió en toda una declaración de buenas intenciones.
Pero que haya o no un acuerdo y que el PSOE logre finalmente reconducir la situación no dependerá solo de lo que debatan los partidos políticos, sino fundamentalmente de lo que ocurra con sindicatos como CSIF, que representa a la mayoría de los funcionarios y que ahora mismo está fuera del acuerdo y al frente de las protestas. Valderas aseguró a este periódico que sin el apoyo de este sindicato su partido tendrá muy difícil cerrar un acuerdo con el PSOE. Al final es CSIF el que está liderando las movilizaciones y además está ganando terreno en las elecciones sindicales. El ejemplo más claro es la educación, donde CSIF y Ustea han vapuleado a CCOO, hasta ahora mayoritario, y a UGT.
En este sentido, los socialistas tienen también instrucciones muy precisas para atraer al acuerdo a estos sindicatos mayoritarios en la función pública y que hasta ahora han liderado la batalla a las reformas. Si lo conseguirá o no está por ver. Con el PP la sintonía es mucho menor, hasta el punto de que cuando Javier Arenas entró en este debate, Griñán se lo afeó: "Se entromete en un diálogo que no le pertenece".
Preguntaron también a Griñán sobre las reformas y las privatizaciones emprendidas por Zapatero, que afectan a aeropuertos y la lotería nacional. El presidente, ya en su réplica al PP, no ocultó su disgusto por la supresión de los 426 euros a los parados. "Estoy preocupado por la supresión de esa prestación, lo estoy, hay que buscar fórmulas alternativas".
