La relación de la Junta con el sector del golf es un tira y afloja. En pleno boom inmobiliario, el Gobierno andaluz quiso poner coto a la proliferación sin control de los campos de golf para evitar que fueran una excusa para crear nuevos núcleos residenciales. En esa política para frenar el ladrillazo se enmarcaba el controvertido Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), impugnado por los constructores por entender que sus limitaciones arruinarían el sector. Después de una tensa negociación con los empresarios, la Junta aprobó a principios de 2008 el decreto que regulaba las condiciones de los campos de golf.
Previamente, la patronal se había puesto en pie de guerra y logró que se incluyera la figura del campo de golf de interés turístico, que sí permitía albergar hoteles y comercios.
Aún así, los empresarios no estaban satisfechos y la Junta, consciente de que el golf es uno de los principales atractivos de Andalucía y un potente motor económico, aprovechó la Ley de Medidas Tributarias y Financieras de impulso a la economía para eliminar trabas.
El decreto prohibía proyectar campos de golf si no hay un plan de ordenación del territorio previo. A finales de 2008, el Gobierno quitó esta restricción y alivió el papeleo de las tramitaciones. Pero las expectativas de que este cambio fuera a propiciar una avalancha de proyectos se topó con la crisis. A finales de 2007, según los promotores, había unos 50 campos de golf en vilo por la aprobación del polémico decreto. En estos dos años desde que se dio luz verde al texto no se ha presentado ningún campo de interés turístico.
Fuentes de la Consejería de Turismo aseguran que hay doce proyectos sobre la mesa y dos de ellos, que se ubican en Cádiz, están a punto de salir. Hace un año anunciaron lo mismo. Como el decreto no ha llegado a cuajar, el Consejo de Gobierno iba a aprobar ayer una nueva modificación -muy esperada por el sector-, que finalmente se ha aplazado al martes que viene porque necesita de "ajustes en su redacción", según la portavoz del Gobierno, Mar Moreno, que eviten cualquier "duda jurídica". Ahora el empresario tiene que pagar una costosa y lenta autorización ambiental antes de que la Junta valore si su proyecto es viable. Si dictamina en contra, el promotor ha perdido mucho tiempo y dinero. Con el nuevo cambio, esta declaración ambiental se exigirá después de que la administración le haya dado el visto bueno.
La Junta y los empresarios confían en que de una vez por todas los campos de golf de interés turístico puedan despegar. "Hasta ahora la regulación era demasiado restrictiva y, aunque no se incluyen todas nuestras peticiones, es un avance, considerando lo que hay", declaró el presidente de la asociación de promotores de turismo residencial y deportivo de Andalucía (Promotur), Ramón Dávila, a Europa Press. El presidente de la Federación de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, criticó que habrá "discriminación" porque los campos de golf que ya están previstos en los diferentes PGOU no podrán acogerse a los beneficios de los de interés turístico.
En Andalucía hay más de un centenar de campos de golf, un 25% de los que existen en toda España. La mayoría se ubica en Málaga, Cádiz y Huelva.
