El Gobierno andaluz ha remitido ya a los partidos de la oposición, PP e IU, un último documento para la reforma de la ley de cajas que quiere aprobar la próxima semana con el máximo consenso, según reiteró ayer el PSOE.
En este decreto-ley, según ha comprobado este periódico, la Consejería de Economía declara "expresamente derogada" las disposiciones legales por las que los representantes de la Iglesia en Cajasur mantenían una serie de privilegios sobre sus mandatos y su edad de jubilación. Hasta ahora los canónigos que se sentaban en la dirección de la caja cordobesa no estaban afectados por la limitación de dos mandatos que la ley marca para el resto de consejeros. Además su edad de jubilación se fijaba a los 75 y no a los 70 años.
Esos privilegios (oficialmente "singularidades"), que el Gobierno andaluz negoció en 2005 para garantizar que Cajasur saliera del paraguas del Gobierno de Aznar y volviera a la tutela de la Junta, quedarán eliminados en la entidad resultante de la fusión de Unicaja, Cajasur y Caja Jaén. No obstante, la Iglesia conservará una cuota especial de poder, que deberá quedar fijada en la ley, en los distintos órganos de Unicajasur (asamblea, consejo de administración, comisión ejecutiva y comisión de control). Ese porcentaje no aparece especificado en el decreto-ley que la Junta ha remitido a los partidos (el dato viene sustituido por puntos suspensivos), aunque fuentes de la negociación aseguraron que ese porcentaje responderá "fielmente" al acuerdo alcanzado por las cajas en su protocolo de fusión.
Éste ha sido uno de los puntos más polémicos de la reforma de la Ley de Cajas de 1999, diseñada para despejar el camino al nacimiento de Unicajasur. En este sentido, la reforma legal abre la puerta a que haya dos vicepresidencias ejecutivas, y amplía (del 13 al 26%) el porcentaje de representación que tendrá las entidades fundadoras a costa de los representantes de la Junta y los ayuntamientos, lo que garantiza la presencia de las tres entidades.
El portavoz de IU, Pedro Vaquero, aseguró que aún hay flecos pendientes y reclamó que la norma no se modifique como decreto sino como ley, para que quepan enmiendas en el Parlamento. IU exige que la reforma garantice que cualquier partido con al menos el 5% de votos en las elecciones autonómicas (lo necesario para constituir grupo en la Cámara) tengan representación en los consejos, lo que les blindaría sus sillones en las cajas. También reclaman que las entidades "se configuren como banca pública" y rechazan que se eliminen trabas para las cuotas participativas. El líder del PP-A, Javier Arenas, mostró su disposición a dialogar "a fondo" para alcanzar un acuerdo "respetuoso".
