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Los cargos públicos que falseen datos podrán ser inhabilitados 10 años y los PGE fijarán los sueldos de gestores locales

el 23 mar 2012 / 13:23 h.

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Los gestores públicos que cometan infracciones muy graves en el  ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables,  podrán enfrentarse a diez años de inhabilitación y una multa, según  consta en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la  Información Pública y Buen Gobierno, que establecerá también baremos  para fijar los sueldos de los cargos electos locales.

La norma prevé un "código de buen gobierno con rango legal" que  incluye "principios éticos y de actuación que dejan de ser meras  recomendaciones porque se constituyen en obligaciones de cumplimiento  legal", por lo cual su incumplimiento acarreará sanciones.

Así lo ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz  de Santamaría, quien ha indicado que las infracciones consideradas  "muy graves y algunas graves" por el anteproyecto de ley podrán  llevar a la destitución en el cargo del gestor en cuestión y la  imposibilidad de poder volver a ser nombrado por un periodo de entre  cinco y diez años.

Además, en el caso de "verdadero falseamiento u ocultación de  datos de naturaleza contable, la conducta será constitutiva de  delito, pudiendo ser penada con la inhabilitación por diez años y la  correspondiente multa".

Además, el anteproyecto de ley fija un "primer paso" hacia la  fijación de baremos en la retribución de los miembros de las  entidades locales, que constarán en los Presupuestos Generales del  Estado de cada año.

Para fijar estos baremos, ha explicado la vicepresidenta del  Gobierno, se tendrán en cuenta las características de cada entidad  local, el tamaño de la misma y sus circunstancias económicas o  administrativas.

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