Aulas "de reflexión" o inmovilización mecánica son algunos de los mecanismos de castigo usados en los centros para menores con trastornos de conducta, en los que de un lado, los niños se quejan del excesivo uso de la fuerza física y de otro, los sindicatos denuncian las agresiones a los monitores, la última en el Carmen de Michelena de Jaén, un centro de primera acogida.
Tanto la Fiscalía como el Defensor del Pueblo llevan tiempo reclamando que se regule un régimen de castigos en estos centros. Pero Amnistía Internacional hizo público ayer un informe -centrado en Madrid, Cataluña y Asturias-, en el que advertía del caso omiso de las administraciones correspondientes a esta demanda y a las denuncias por excesos. El mismo día, el Ministerio de Sanidad y Política Social hizo público un protocolo suscrito con las comunidades en el que se autoriza el aislamiento y la contención física, no mecánica, de manera "excepcional" y notificándolo a la Fiscalía.
El Defensor del Pueblo estatal hizo el año pasado un informe demoledor sobre malos tratos a los menores internados en estos centros que llevó al cierre de algunos, ninguno en Andalucía. Los centros andaluces no salían mal parados pero el Defensor autonómico sí criticó el oscurantismo al impedir el acesso a investigadores y asociaciones.
La Fiscalía, que sí está autorizada a inspeccionar, también deja constancia en su última memoria de las quejas de los niños y las deficientes condiciones de algunos centros, pero sobre todo exigía una regulación del régimen sancionador.El protocolo suscrito por el Estado y las comunidades, al que accedió Europa Press, fija cuáles son las "medidas especiales de intervención" que pueden usar los educadores de estos centros en "situación de crisis". Estipula que primero se intentará sujetar al menor para "impedir o detener" una acción peligrosa o que se escape. Sólo si "no depusiera en su actitud de tipo agresivo", se podrá "contenerle físicamente" pero sin recurrir a "la ayuda de objeto alguno para tal fin" ni administrarle fármacos.
Se tratará de que más de un educador sujeten al niño y se interpongan entre éste y la persona u objeto al que dirige su agresión. Sólo se podrá usar para prevenir "actos violentos, autolesiones y lesiones a otros" y durante el tiempo estrictamente necesario. El protocolo también admite "como medida de carácter absolutamente excepcional" el aislamento en los mismos casos cuando "el menor haya perdido de forma intensa el control de su conducta". Nunca durará más de seis horas y el menor deberá estar supervisado por un educador en todo momento. Los centros tendrán que contar con un espacio específico para ello que sea visible desde el exterior. En caso de tener que usar estas medidas excepcionales, el centro deberá informar al fiscal y a la familia
El documento carece de validez jurídica pero es fruto de un acuerdo entre el Ministerio y las comunidades que desde Andalucía, la Junta se compromete a velar por su cumplimiento. La Consejería de Igualdad destaca que sus principios son "muy parecidos" a los que ya guían la gestión de los centros andaluces que cuentan con "trabajadores muy calificados cuya profesionalidad no se puede estar poniendo permanentemente en cuestión" y en los que se garantiza el "cumplimiento escrupuloso de los derechos de los niños".
Lo cierto es que Amnistía Internacional reconoce "la disposición al diálogo" de la administración andaluza competente en menores y su "enorme motivación" por su trabajo y "claros deseos de mejorar en lo posible el sistema", pero pone de manifiesto que se incumple la normativa por la que el ingreso debería ser determinado por un juez. Alerta de que al no haber autorización previa tampoco existe un seguimiento y la falta de medios hace que las inspecciones fiscales no sean cada tres meses sino apenas anuales. Igualdad defiende que todos sus centros están sometidos a inspecciones tanto internas como de organismos externos, entre ellos el ministerio público.
