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Los chabolistas dicen que la denunciada debería ser la Junta ''por no tener consideración''

el 16 sep 2009 / 06:41 h.

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El colectivo de familias que recientemente ha ocupado las viviendas del Polígono Sur de Sevilla donde hasta hace pocos meses habían residido, y que abandonaron tras el conflicto mantenido con un grupo a raíz de la muerte de un joven --lo que ha propiciado que, durante meses, hayan vivido en infraviviendas montadas en diversos sitios de Sevilla-- reaccionaron hoy a la denuncia interpuesta por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio señalando que "la denunciada debería ser la Junta, que no ha tenido consideración por nadie".

Según informaron a Europa Press fuentes pertenecientes a estas familias, la actitud de estas personas es de contrariedad por la actuación de la administración. Así, se preguntaron "por qué no denuncian a los que nos han desvalijado mientras no estábamos" y criticaron que durante todo el conflicto "no nos han tratado muy bien".

Asimismo, uno de estos chabolistas señaló que "a nosotros no nos sacarán de la casa" y recordó que si la Junta ejerce en el presente caso este tipo de acción "también debería ejercerla contra muchísima gente del Polígono Sur que está en situación ilegal".

Dos de estas familias, de hecho, han recurrido a la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción (Facua) de Sevilla, que en estos días estudia la documentación aportada para constatar si estas personas pueden ejercer legalmente el derecho de posesión para vivir allí en base al tiempo determinado que han permanecido en las viviendas, según confirmó a Europa Press el secretario general de Facua-Sevilla, Rubén Sánchez.

La administración autonómica denunció en los juzgados la ocupación de viviendas de titularidad pública, de la misma forma que se fueron denunciando las ocupaciones puntuales que los chabolistas de Tablada hicieron al regresar a Las Tres Mil Viviendas, una vez que el pasado mes de marzo huyeran de la barriada como consecuencia de la muerte de este joven de etnia gitana, propiciada por el impacto de una bala perdida.

La Junta aún está trabajando en la regularización de las viviendas, revisando de este modo la documentación presentada por los chabolistas para esclarecer su régimen de ocupación, que evidenciará si legalmente les corresponde quedarse en las viviendas o no y, de esta manera, ponerlo en conocimiento del juez para que él mismo decida si hay que desahuciarles de la vivienda.

LOS EXPEDIENTES, EN SEPTIEMBRE

Asimismo, la idea de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio es que los expedientes correspondientes a las 41 viviendas públicas abandonadas por las familias exiliadas estén resueltos, como fecha límite fijada, en el mes de septiembre.

En este sentido, la investigación emprendida por la Consejería ha resuelto hasta la fecha la ausencia de acreditación de propiedad por parte de 17 de los moradores, mientras que dos de las familias tienen derecho a "recuperar" sus pisos y uno de los inquilinos ha renunciado por propia voluntad a la vivienda que ocupaba.

La Junta resolvió que en 17 de los casos, los moradores que abandonaron tales viviendas "no han acreditado el justo título de dominio" sobre estos inmuebles de propiedad autonómica, mientras permanecen "en trámite de audiencia" 21 expedientes correspondientes a otras tantas viviendas abandonadas.

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