La Ley de Costas de 1988 instaba a erradicar todas las construcciones fijas edificadas sobre la arena de la playa en el litoral español. Dos décadas después de ser promulgada, su 'urgente' aplicación por parte del Ministerio de Medio Ambiente ha levantado un maremoto a cuenta de la amenaza de desaparición de los chiringuitos, utilizados por miles de bañistas españoles en verano, integrados en un sector que genera 500 millones de euros al año y que emplea a unas 40.000 personas cada temporada.
El Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha pedido esta semana al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que las competencias de estos establecimientos pasen a ser de Andalucía en virtud del nuevo estatuto andaluz, que califica como competencias exclusivas "la ordenación del litoral y el otorgamiento de autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre".
La Junta de Andalucía mantiene una postura bastante más flexible respecto a estos establecimientos y los tradicionales espetos de sardinas, fundamentalmente en las playas malagueñas. Los chiringuitos de playa, siempre que cuenten con toda su documentación y licencias municipales y de restauración en regla, son establecimientos de utilidad para los bañistas y de generación de riqueza y empleo para la zona donde se instalan. Las administraciones deben afanarse en atacar el urbanismo salvaje que ha destrozado buena parte del litoral con actuaciones especulativas fuera de toda legalidad.
Lo ocurrido con el hotel del Algarrobico se ha convertido ya en un icono de lo que nunca jamás debe permitirse sobre la arena de una playa andaluza. Entrar con la piqueta en los chiringuitos veinte años después de la norma y derruir una cultura aceptada por toda la sociedad, puede ser coherente desde la aplicación estricto sensu de la ley, pero no soluciona el verdadero problema de los municipios costeros andaluces.
