La Federación andaluza de colegios católicos no ha dado un paso atrás respecto a su negativa a registrar los casos de violencia escolar en el programa informático de Educación. La patronal concertada ha vuelto a pedir a sus centros que sigan reservándose los datos sobre agresiones porque considera un "error" facilitar esa información a la Junta. Así se lo hizo saber ayer a la consejera el ramo.
La consejera de Educación, Teresa Jiménez, recibió ayer al secretario regional de FERE en Andalucía, José María Fernández, en el primer encuentro que han mantenido desde que saliera a la luz que la patronal había pedido a sus 83 colegios en Sevilla eludir una orden de la consejería. La cita sirvió para templar las aguas después de que Jiménez advirtiera a los concertados de que si seguían la directriz de su patronal se les abriría un expediente sancionador.
Sin embargo, según varios colegios católicos consultados, la FERE ha vuelto a ponerse en contacto con ellos a través de una nueva circular para insistirles en que deben seguir eludiendo el control de los datos de violencia escolar por medio del programa informático Séneca. "Nos han insistido en que las medidas de seguridad que ofrece el programa no cumplen con los requisitos jurídicos mínimos impuestos por la Ley Orgánica de Protección de Datos", confirman dichas fuentes. El nuevo mensaje busca "tranquilizar" a las escuelas católicas, después del llamamiento al orden que hizo la consejera la semana pasada. Educación eludió valorar la reunión de ayer.
Educación firmó con la FERE un acuerdo hace ahora un año que buscaba mejorar la gestión de los concertados. Se decía en él que había que establecer "el procedimiento y la definición de los medios de transmisión de la información" en el Séneca.
Según la patronal ese acuerdo ha caído en saco roto porque ni siquiera se creó una comisión de seguimiento. El acuerdo contemplaba, según la FERE, la posibilidad de que los servicios de Inspección tuvieran un trato distinto con los colegios católicos respecto a la obligatoriedad de usar el Séneca para controlar la violencia escolar.
La patronal concertada mantiene el debate en torno a la confidencialidad de los datos del alumno sobre agresiones en clase. No se ha negado a colaborar con los inspectores que acudan al centro en busca de esos datos, pero se niega a facilitarles los detalles registrándolos en el ordenador.
Aunque la Ley de Educación establece que el control de la conflictividad escolar debe hacerse por vía telemática, la patronal sigue negándose. Fernández espera que sea la Agencia de Protección de Datos, y no la consejería, quien resuelva el conflicto.
Cuando la Delegación de Educación de Sevilla instó a los concertados a grabar las agresiones, so pena de ser expedientados si no lo hacían, la FERE envió una consulta a la Agencia para que determinara si primaba más la Ley de Protección de Datos Personales sobre la LOE. Por ahora la Agencia no ha resuelto el debate.
