La comisión local de absentismo escolar se reunió ayer para aprobar el protocolo de intervención. Se han creado 12 subgrupos, con un agente en cada zona. La Policía actuará de oficio para devolver a la escuela a los niños sin escolarizar y, por indicación de colegios y servicios sociales, se personará en casa de los absentistas para amonestar a sus padres.
El Ayuntamiento convocó ayer a la comisión municipal contra el absentismo para sacar adelante el protocolo de intervención, a saber, la hoja de ruta que deben seguir los colegios de Sevilla cuando se les presente un caso de abandono, en coordinación con los servicios sociales de sus zonas y el agente de la Policía Local que tienen de enlace. El documento, al que ha tenido acceso El Correo, muestra un esquema de los pasos a seguir por los profesores, por los agentes sociales y por la Policía.
En la comisión participan los directores de colegios de las 12 zonas de prevención en los que se ha dividido, y casi todos en la reunión de ayer mostraron un especial interés por el papel de la Policía Local en la lucha contra el absentismo. Hasta ahora ésta había permanecido al margen, porque el cuerpo de seguridad responsable era, y sigue siendo, el grupo de menores de la Policía Autonómica (Aprome). El abandono en la escuela es un delito penal que recae en las familias de los niños que faltan reiteradamente a clase en edad de escolarización obligatoria.
Pero tras la publicación de la ordenanza antivandalismo, la Policía Local ha ganado competencias sobre absentismo, y deberá coordinarse con la Aprome, según explicó ayer uno de los agentes de la comisión. Los policías municipales intervendrán de oficio siempre que vean a un niño en la calle en horario escolar. Lo devolverán al colegio o a su casa, y en cualquiera de los dos casos notificarán a la familia por escrito que su hijo no se encontraba en clase. "Si la Policía tiene que devolver a un niño a la escuela, irá a entregar en mano a sus padres una amonestación", explicó. Los profesores reclamaron que las actas de entrega del menor a un familiar se hagan en persona, porque muchos de los padres de sus alumnos absentistas no saben leer. El número de amonestaciones -que variará según el niño- obligará a dar parte a la Fiscalía de Menores, con lo cual el asunto terminaría resolviéndose por la vía penal y podría suponer la retirada del niño.
Sin embargo, el protocolo deja algunas lagunas respecto a la colaboración policial y al diálogo que deben mantener los agentes con los colegios. Las escuelas dispondrán del teléfono de un agente de referencia, pero la Policía Local aún tiene que organizarse a nivel interno para decidir hasta dónde llega su responsabilidad con las escuelas. Lo que ha quedado plasmado en el protocolo es que, en caso de que las ausencias de un alumno sigan sin resolverse, el colegio dará parte a Servicios Sociales y éstos pedirán a la Policía que se persone en casa de los padres del niño ausente. La participación de la Policía en la lucha contra el absentismo escolar es, en realidad, la última solución, después de que se hayan articulado otras estrategias socioeducativas. Pero, en zonas más deprimidas, los colegios usan a la Policía para asustar a los padres que, hasta que no ven a un agente en la puerta de sus casas no se toman en serio la responsabilidad de llevar a clase a sus hijos.
La sesión de ayer dejó patente dos realidades: una es que las múltiples situaciones de absentismo a las que se enfrenta cada colegio superan con mucho el protocolo, que es un documento muy básico. Y dos, el plan de actuación con el que ya contaba el Polígono Norte y el Polígono Sur es mucho más concreto, cuenta con un seguimiento mensual, y por ello terminó enriqueciendo el protocolo general con nuevas aportaciones.
