La patronal de colegios católicos andaluces ha desoído el dictamen de la Agencia de Protección de Datos que concluye que la grabación de casos de violencia escolar en el registro informático de Educación no vulnera la intimidad del alumno. Ese dictamen lo pidió la patronal, pero entiende que se contradice con otro en el que la Agencia culpa a Educación.
En este último año, la Agencia de Protección de Datos (Ministerio de Administraciones Públicas) ha recibido dos denuncias que acusaban a la Consejería de Educación andaluza de vulnerar la intimidad de los alumnos. La primera enfrentaba a la Junta con la Federación de Escuelas Religiosas (FERE) en Andalucía, que se había negado a grabar los casos de violencia escolar de sus colegios en el registro informático de Educación (programa Séneca). La segunda era la denuncia de una familia sevillana contra una orden que obligaba a los colegios a publicar datos personales de sus alumnos en un tablón de anuncios para hacer más transparente el reparto de plazas.
La Agencia dio la razón a la consejería en el primer caso, asegurando que el programa Séneca es seguro, que no vulnera la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y que Educación tenía derecho a controlar las agresiones en todos los colegios. En el segundo caso resolvió al contrario, dando la razón a la familia y acusando a Educación de saltarse la ley y cometer una "infracción muy grave".
Cuando salió a la luz este segundo dictamen, hace unas semanas, la patronal de colegios concertados envió una circular a sus escuelas (411) asegurándoles que Protección de Datos les había dado la razón. La FERE decidió obviar la respuesta de la Agencia a la consulta sobre el programa Séneca que ellos mismos habían solicitado, y se agarró al segundo dictamen para tranquilizar a sus colegios, a los que Educación seguía requiriendo los datos de violencia escolar. "Tanto el informe como la resolución de la Agencia de Protección de Datos viene a avalar la tesis del Departamento Jurídico Regional de nuestra organización, que siempre ha mantenido que el programa Séneca vulnera diversos aspectos de la Ley", dice la circular, a la que ha accedido El Correo.
En la carta, la FERE considera que su negativa a grabar datos de violencia escolar en Séneca está avalada tanto por el primer dictamen como por el segundo. De la primera resolución, pese a que la Agencia concluye que "la existencia del Séneca no resulta contraria a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal", la patronal deduce que la administración educativa no puede exigir datos generalizados de violencia, sólo los de un alumno infractor concreto. El segundo dictamen insta a Educación a limitar la difusión de datos sobre menores "en tablones de anuncios, internet o boletines oficiales", y la patronal vuelve a asumirlo como un argumento a su favor. Por todo ello, la FERE ha pedido una "reunión urgente" con Educación "para abordar la adecuación del Séneca a las exigencias de la Ley y de la organización propia de nuestros centros". La consejería aún no les ha recibido.
El secretario regional de la FERE en Andalucía, Francisco José González, explicó hace dos días a Europa Press que su federación está dispuesta a colaborar con Educación en el registro de casos de violencia en el Séneca, pero matizó que ésa "no es la solución para erradicar el fenómeno". González dijo que "la violencia escolar se vive con menor intensidad en los colegios concertados" que en los públicos, algo que la Delegación de Educación de Sevilla atribuye al "secretismo" de estos centros, lo que provoca que "la escuela pública concentre la mala fama". El Correo intentó ayer, sin éxito, ponerse en contacto con González.
Convivencia. El Séneca es el registro informático en el que Educación graba todos los casos de absentismo o de violencia escolar. La consejería se sirve de él para tener control sobre lo que ocurre en todos los centros escolares. Cuando el servicio de Inspección educativa de Sevilla se percató de que los colegios católicos no daban parte de ningún problema relacionado con la convivencia, les advirtió de que si persistían en su negativa serían sancionados. La FERE envió una consulta a Protección de Datos el pasado mes de enero y, hasta obtener respuesta, pidió a sus colegios que hicieran caso omiso a la Inspección. Educación lo consideró "un boicot en toda regla" y la consejera Teresa Jiménez volvió a advertirles de que serían "sancionados" si no aceptaban sus obligaciones.
Al poco, Protección de Datos respondió a la patronal que la consejería tenía derecho a usar el Séneca para prevenir la violencia escolar, y que el registro informático estaba contemplado en la Ley Orgánica de Educación. La Agencia entendía que esos datos eran de interés para prevenir la violencia escolar, y que no había peligro de que terceras personas accedieran a ellos a través del Séneca, como temía la FERE.
