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Los concursales del Betis cobrarán 1,3 millones por la mitad de su trabajo

El propio club considera desproporcionadas las cantidades. Los tres administradores concursales engordarán la deuda del club, que ya rebasa los 80 millones.  

el 16 jul 2011 / 20:13 h.

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Los administradores.

La situación que atraviesa el Betis, con el paquete mayoritario de acciones judicializado y el club completamente endeudado y en ley concursal, genera una serie de gastos ‘extra' que vienen a sumarse a la ya de por sí enorme deuda que arrastra la institución (84 millones de euros, siendo la principal partida de 40 millones con Hacienda y la segunda de 25 con futbolistas), aunque deban considerarse un mal menor en aras de solucionar el problema a nivel global, algo que, siguiendo el plan fijado por los administradores concursales, podría llevar unos diez años.  

El último gasto en saltar a la luz pública ha sido el llamativo sueldo de los propios administradores concursales, que ya han presentado al Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Sevilla su minuta por la labor realizada, que asciende a 1,3 millones de euros -unos 434.000 por persona- por la realización del 50% del trabajo que deben completar en la entidad heliopolitana. Antonio Jesús González, Franciso Tato y Gerardo Narbona cobrarán del Betis, antes del día 1 de septiembre, unos honorarios considerados desproporcionados por el propio club.

De hecho, el abogado concursal de la entidad, Manuel Olivencia, discutió sin éxito tales cantidades al juzgado por considerarlas propias de un club con una deuda tres veces más alta y por lo tanto impropias de la situación que atraviesa el Betis. Más adelante, los administradores concursales cobrarán otra factura de similar magnitud.
Menos gravoso ha resultado el sueldo de los administradores judiciales de las acciones de Farusa.

En su día, Mercedes Alaya, titular del juzgado Número 6 de Sevilla, determinó la configuración de un trío compuesto por Juan Antonio Gómez Porrúa (tras su fallecimiento José Antonio Bosch), Carlos Ruiz de Huidobro y Rafael Gordillo a razón de 150 euros la hora y un máximo de 80 horas semanales, lo que ascendía a unos 12.000 euros mensuales a pagar por la propia Farusa o la hacienda pública.

En este caso, Lopera era el que recurría estas cantidades alegando que los administradores judiciales "no habían desempeñado actividad profesional alguna" y que dichas cantidades "eran muy superiores al doble de la retribución media de jueces, magistrados, inspectores de Hacienda y funcionarios de alto nivel del Estado".

Esta petición fue desestimada en su día, aunque cabe recordar que el único de estos sueldos que sigue vigente en estos momentos es el de Bosch Valero, ya que el pasado 29 de junio Gordillo abandonaba la presidencia. La administración judicial la había dejado, al igual que Huidobro, meses atrás por mandato de Mercedes Alaya, titular del juzgado de instrucción 6.

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