Quienes conduzcan de forma temeraria, poniendo en peligro la vida de los demás o la suya propia, se enfrentarán a penas de cárcel. Así lo establece la reforma del Código Penal que se aprobó y que podría entrar en vigor incluso antes del puente de la Constitución, que se celebra a principios de diciembre.
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo este anuncio después de que la proposición de ley fuera aprobada con los votos favorables de todos los grupos del Congreso, excepto del PP, que respaldó, no obstante, algunas enmiendas. La reforma contempla penas de cárcel para los conductores temerarios que superen en 60 kilómetros por hora la velocidad permitida en vía urbana o en 80 en vía interurbana. Esta normativa, que ha gozado de un alto consenso, según destacó el ministro, tiene una voluntad preventiva y disuasoria de cara a los conductores temerarios porque "no es explicable que alguien pueda ir a 200 kilómetros por hora poniendo en riesgo su vida y la de los demás".
El Congreso avaló también las enmiendas introducidas en el Senado y que hacen referencia a la mejora de la señalización vial y al plazo de aplicación de la reforma para los conductores que circulan sin haber obtenido nunca el permiso, para los que se establece una moratoria hasta el próximo 1 de mayo, respaldada por el PP, que persigue que puedan obtener el carné en este tiempo. El presidente de la Comisión de Seguridad Vial, Jordi Jané, dijo que la reforma es necesaria porque "protege el interés general", ya que la siniestralidad es la primera causa de mortalidad entre los jóvenes.
El año pasado murieron en las carreteras once personas cada día, según Jané, que también advirtió a los que excedan los límites de velocidad y alcohol en la conducción de que la reforma ya estará en vigor en el puente de la Constitución.
Reacciones. El objetivo prioritario de la ley, según Victorino Mayoral, del PSOE, es el de acabar con "la impunidad" en la carretera, que generaba una "gran alarma social", y en definitiva que los ciudadanos "tengan más Estado de derecho en las calles y carreteras". Pero esta reforma no significa, según Mayoral, un "¡todos a la cárcel!" -expresión que ha calificado de "demagógica y carente de solvencia"-, sino la presencia de la justicia penal en las carreteras. Por su parte, Isaura Navarro, de IU-IC, cuestionó durante su intervención la legitimidad de vender coches que superen los límites permitidos de velocidad y reivindicó algunas cuestiones, como que se eliminen los puntos negros de las carreteras y los guardarraíles, como piden los motoristas.
El PNV, el BNG, ERC y CC, mientras tanto, destacaron la mejora que supone la ley y su carácter preventivo, mientras que desde el PP se consideró que lo que se pretende es "hacer recaer sobre los hombros de los conductores la incapacidad del Gobierno para desarrollar una política integral de seguridad vial". Para los populares, ésta es una "gran ocasión perdida" porque no se han tenido en cuenta algunas enmiendas importantes.
Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se recordó al hilo de esta reforma penal que en España hay más de 30.000 personas que conducen sin carné, una actitud que para el director del organismo, Pere Navarro, es "incívica e insolidaria" y a la que "hay que poner coto" a través de medidas como esta reforma del Código Penal. Navarro está convencido de que la iniciativa aprobada es un paso "en la buena dirección" que acerca a España a los "estándares europeos". Para el responsable de la DGT, esta medida es "preventiva y disuasoria", ya que actúa antes de que se produzca el accidente.
Tras recordar que los siniestros de tráfico son la primera causa de muerte violenta en Europa, por encima de los homicidios, las drogas y el SIDA juntos, Pere Navarro pidió que no se caiga en la "autocomplacencia", a pesar de los buenos datos de siniestralidad que arrojan las estadísticas en los últimos meses.
En cuanto a esos más de 30.000 conductores que se ponen al volante sin carné, Navarro confía en que las nuevas penas de prisión harán recapacitar a estos ciudadanos "incívicos e insolidarios". El director de Tráfico recordó el caso de algún conductor que incluso tiene más de 40 denuncias en un año por ir sin carné y hasta ahora ha salido impune, ya que se declara insolvente y ni siquiera paga las multas. Además, negó que existan colectivos con dificultades culturales o sociales para sacarse el permiso, pues la DGT activa medidas para evitarlo.
