Los servicios de mediación familiar en Andalucía atienden una media de casi dos casos diarios. Según los datos de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, hasta mayo de este año los mediadores han atendido 282 casos, en los que había implicado un total de 449 menores. La Junta cree que esta prestación ayudará a desatascar la Justicia.
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado martes remitir la ley que regulará esta práctica en la comunidad al Parlamento de Andalucía. La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, confió, en declaraciones a este periódico, en que la norma empiece a debatirse en la Cámara tras el verano y sea aprobada este mismo año.
Los datos que arrojan los primeros cinco meses de este año reflejan un volumen de atención a las familias realizada por estas unidades similar al contabilizado en 2007. El año pasado, de hecho, los mediadores de familia atendieron en la comunidad 681 casos, en los que había 1.020 menores de edad.
La mediación familiar se realiza en la comunidad desde 2001, cuando se implantó el primer equipo de estos profesionales en Granada. "El desarrollo de una ley ahora -apunta Navarro- servirá para regular esta atención y dejar claro en qué casos es posible y cuáles no, y para fijar en una norma los requisitos y la titulación que deben cumplir quienes realizan las labores de mediación", abunda la consejera.
La mediación familiar, aclara la responsable andaluza de Igualdad y Bienestar Social, no es una vía sustitutiva a la judicial "sino un recurso que surge debido a que la complejidad de las familias es cada vez más amplia y que sirve para resolver problemas que surjan en ese ámbito, pero independientemente de que haya casos que tengan que llegar al juzgado", insiste Navarro.
Entre los casos que atiende la mediación familiar se encuentran los problemas de pareja -desde parejas de hecho a matrimonios-, los conflictos entre padres e hijos menores de edad y hasta para arreglar desacuerdos entre miembros de una familia a la hora de decidir cómo se reparten las tareas de atención a otro familiar dependiente.
Excepciones de la norma . Navarro aclara también que los servicios de mediación familiar no podrán atender en ningún caso supuestos de violencia de género y cuando no exista acuerdo previo de los implicados.
Con todo, la consejera afirmó que "la mediación ayudará a agilizar procesos judiciales porque permitirá que los implicados puedan alcanzar un acuerdo consensuado previo a que el conflicto llegue ante juez y hasta podrá evita la judicialización de conflictos familiares".
Los servicios de mediación son desarrollados por asociaciones sin ánimo de lucro y reconocidos y subvencionados por la Junta mediante un concurso público. Estos servicios deben estar compuestos, con carácter general, por trabajadores sociales, abogados y psicólogos.
En Andalucía, hay 20 unidades en estos momentos y están instaladas en todas las provincias, de modo que la cobertura autonómica es total. Sin embargo, la consejera Micaela Navarro espera que, con la puesta en marcha de la norma, estos servicios empiecen a conocerse más y sean más requeridos. "Incrementaremos la dotación del programa a medida que haya más demanda en la comunidad", asegura.
1,8 millones para aplicar la ley . La entrada en vigor de la Ley de Mediación Familiar cuenta con una dotación presupuestaria de 1,8 millones de euros para 2008 y 2009. El primer año, según la consejera Micaela Navarro, se gastarán 507.000 euros, ya que sólo se aplicará a final de año, una vez que la apruebe el Parlamento.
El servicio de mediación será gratuito para quien gane menos de dos veces el salario mínimo. Para el resto, se establecerán tarifas por sesiones. De lo que la familia tarde en firmar el armisticio dependerá el coste.
La mediación será ejercida por profesionales con titulación universitaria en disciplinas de Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social, Educación Social o cualquier otra licenciatura o diplomatura de carácter social, psicológico o jurídico.
Estos profesionales quedarán inscritos en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, previsto en el proyecto de ley. El posterior desarrollo reglamentario determinará la formación específica y la experiencia que deberán acreditar. Actualmente hay 20 profesionales dedicados a la mediación familiar en toda la comunidad.
En cuanto al régimen disciplinario aplicable a los profesionales mediadores, la norma prevé sanciones que van desde los 300 euros para las infracciones leves hasta los 15.000 euros y la suspensión de la actividad entre uno y tres años para las muy graves. La Junta desarrolla desde 2001 un programa de mediación familiar a través del cual se han atendido más de 3.000 casos, con una inversión total de dos millones de euros.
