Los empresarios están "profundamente preocupados" por el desplome inversor de la Junta en el Presupuesto de 2012, que cae casi un 10% respecto al año anterior. La gran damnificada es la obra pública (baja un 25,3%), que una vez más se sacrifica para salvar el gasto social (crece un 1,4%). Sin embargo, para los constructores hay algo peor que no tener contratos a la vista con la administración, y es que el Gobierno andaluz no les pague los proyectos ya finalizados. Según Fadeco, la deuda de la Junta con el sector asciende a mil millones. "Nunca ha sido tan cuantiosa ni tan antigua", denuncia el secretario general de la Federación Andaluza de la Construcción. Algunos impagos se remontan a 2007, añade. Los empresarios piden un plan de pagos "razonable y veraz" que pueda saldar antes de que acabe el año al menos 45 millones. Desde la Consejería de Hacienda alegan que se llegó a un acuerdo con el sector para establecer pagos mensuales y que el siguiente abono se hará hoy.
El próximo jueves, la Consejería de Hacienda presentará las cuentas de 2012 -año electoral- a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). El público será hostil, porque la patronal no comparte la tesis de la Junta de que, en plena crisis, la inversión "puede esperar" pero no las prestaciones sociales (educación, sanidad o dependencia). Los empresarios creen que la Junta se "equivoca" porque, a su juicio, invertir en obra pública es "una obra social", por el empleo que lleva aparejado. Ante el parón del ladrillo, la administración es ahora el principal cliente del sector, aunque éste denuncia que la alta morosidad lo está hundiendo del todo. Precisamente, en el ciclo Reflexiones sobre Europa organizado por este periódico, un alto funcionario de la Comisión Europea, Daniel Calleja, urgió el pasado viernes a las administraciones a cumplir la directiva comunitaria de morosidad que obliga a los entes públicos a pagar a los proveedores en 30 días.
Para valorar la dimensión de caída inversora hay que echar la vista atrás a los últimos cuatro Presupuestos. Desde 2009 ha bajado un 41%. Ese año la Junta invirtió 8.260 millones en un esfuerzo para reflotar un sector que empezaba a acusar la crisis. En 2010, la inversión cayó un 6,8% y para amortiguar esta caída el Gobierno andaluz estrenó una fórmula hasta entonces nueva que ha tenido resultados dudosos: la cofinanciación público-privada. En 2012 se invertirán 4.854 millones, un 9,9% menos que en 2011, aunque representa el 3,1% del PIB. También se deja en manos de la iniciativa privada 565 millones. Al presentar las cuentas, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, anunció que no habrá grandes obras públicas nuevas ni se rescindirá ninguno de los contratos con las empresas. Sin embargo, desde Fadeco alertan de que "todas las grandes obras se verán afectadas". El metro de Granada, por ejemplo, no estará el año que viene sino en 2013 porque la Junta debe a las constructoras 55 millones. "El empresario nunca quiere parar una obra porque le cuesta más dinero, pero si está asfixiado no le queda más remedio", justifican desde la patronal.
El Gobierno andaluz insiste en defender su esfuerzo inversor. "Somos la comunidad que más invierte en términos absolutos y estamos muy por encima de la media autonómica en términos relativos al PIB. Así ha sucedido tanto en los buenos como en los malos tiempos", afirma Aguayo. Explica que entre 2004 y 2010, el nivel más bajo de inversión ejecutado por Andalucía respecto al PIB ha estado un punto por encima del mejor registro obtenido por el conjunto de comunidades (ver cuadro). Desde que empezó la crisis, el 22% de toda la obra pública licitada en España se realizó en Andalucía.
No obstante, los datos de la patronal de las grandes constructoras (Seopan) certifican el desmoronamiento de la obra pública. La licitación de la Junta descendió un 29,7% en los nueve primeros meses del año y en conjunto cayó un 35,7% lo que las distintas administraciones licitaron en la comunidad. Pese a todo, Andalucía es la región con el mayor volumen de licitación. "La Junta debe convencerse de que si la construcción no remonta, tampoco lo hará la economía", advierte Corbacho.
