Los controladores aéreos citados ayer por la Fiscalía de Madrid se negaron a declarar al entender -según argumentaron- que, tras la militarización del control aéreo y la declaración del estado de alarma, no deben ser investigados por la jurisdicción ordinaria, sino por la militar.
Así lo explicó el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, que añadió que la Fiscalía les aclaró que la jurisdicción ordinaria es la única competente por ahora, ya que se les iba a preguntar por los hechos ocurridos antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma. No obstante, no se adoptó ninguna medida cautelar contra ellos, ya que no se puede actuar con "finalidad coactiva" ante su derecho a no declarar.
Si el resto (175) mantiene la misma actitud, el Ministerio Público dejará de citarles para "evitar dilaciones" y pedirá que se traslade la denuncia a un juzgado ordinario.
Quienes abandonaron sus puestos de trabajo se enfrentan a penas de entre tres y ocho años de prisión por un delito de sedición, según anunció ayer el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que abundó en que los fiscales centrarán sus investigaciones en la identificación de los cabecillas que supuestamente organizaron el plante, sobre los que recaerán las peticiones de penas más severas.
Conde-Pumpido, que presidió la Junta de Fiscales en Zaragoza en la que se trató por vía de urgencia el conflicto de los controladores y sus repercusiones penales, recalcó que el abandono colectivo de un aeropuerto y la paralización del tráfico aéreo de un país suponen un delito "muy grave". Los fiscales acordaron unificar criterios a la hora de actuar, a partir de lo establecido en la Ley Penal de Navegación Aérea, que contempla penas de 3 a 8 años de cárcel por sedición, en función del grado de responsabilidad de los imputados.
Las investigaciones practicadas en cada uno de los territorios donde hay aeropuertos con controladores civiles derivarán en denuncias ante sus respectivos órganos judiciales.
Además, Conde-Pumpido apuntó que los hechos que pudieran cometerse a partir de las 13.00 horas del sábado -cuando se decretó el estado de alarma- serían enjuiciados por la jurisdicción militar, algo que es "perfectamente constitucional".
Los doce controladores, que llegaron hora y media antes de la citación para esquivar a los periodistas, no quisieron hablar con la prensa. Sí lo hizo como portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, que aseguró que fue Aena quien tomó la decisión de cerrar el espacio aéreo, pero que el viernes pasado se podía haber seguido volando, aunque "no en las mismas condiciones" que en un día normal. Cabo señaló que los controladores acudieron a la llamada de la Fiscalía para "asumir las responsabilidades" en lo ocurrido, y agregó que "hay una corresponsabilidad, asumida por nuestra parte, pero Aena y el Ministerio de Fomento tendrán que asumir la suya".
Aena no tardó en responder a USCA, al acusarle de que "intenta engañar a la opinión pública negando que la decisión de los controladores aéreos de abandonar masivamente sus puestos de trabajo fue lo que obligó a cerrar el espacio aéreo". "No contentos con haber secuestrado a cientos de miles de ciudadanos en los aeropuertos, el sindicato de controladores intenta seguir engañando afirmando que ningún controlador abandonó el viernes su puesto de trabajo y que Aena ordenó innecesariamente cerrar el espacio aéreo", agregó.
El gestor precisó que fueron 440 los controladores que lo hicieron en la tarde del viernes y la mañana del sábado. En su "irresponsabilidad -apostilló- los controladores tal vez están insinuando que Aena debería haber dejado que los aviones siguieran volando sin medidas de seguridad". Y recordó que "a la misma hora de la rueda de prensa en la que el presidente del sindicato, Camilo Cela, aseguraba que no iban a tomar medidas contra el decreto ley aprobado por el Gobierno", los controladores comenzaron a declararse no aptos para seguir prestando el servicio y abandonando sus puestos.
El sindicato recurre ante el Supremo la militarización
Precisamente ayer la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) presentó dos recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Supremo contra los reales decretos que establecen el estado de alarma y la militarización de los servicios civiles de tránsito aéreo. Según indicaron a Europa Press fuentes de USCA, que agrupa al 97% de los casi 2.400 controladores que Aena tiene en plantilla, sus asesores jurídicos tienen "serias dudas" sobre la legalidad tanto del procedimiento seguido como sobre los cuerpos legales en los que se ha apoyado el Gobierno para dictar sendos decretos.
Respecto a estos recursos, el portavoz de USCA, Daniel Zamit, explicó a las puertas de la Fiscalía de Madrid que se ha recurrido al Supremo "vista la situación de militarización que se ha decretado sobre los profesionales del control aéreo, que impide toda actuación de tipo sindical". En este sentido, Zamit añadió que se ha planteado al Supremo que requiera de la junta directiva de USCA "la prueba legal necesaria" para poder demostrar que la decisión de recurrir estos decretos ya ha sido tomada.
En concreto, el sindicato de los controladores ha recurrido el decreto que permitió la presencia de los militares en las torres de control de los aeropuertos españoles, aprobado el viernes 3 de diciembre por el Consejo de Ministros y que entró en vigor a las 21.30 horas, después del cierre del espacio aéreo provocado por el abandono de los puestos de trabajo por parte de los controladores.
En segundo lugar, USCA ha recurrido el decreto aprobado el sábado 4 de diciembre por el Consejo de Ministros que declaró el estado de alarma, contemplado en la Constitución, para restablecer el transporte aéreo después del caos provocado por los controladores.
Sin embargo, el sindicato no ha recurrido el Decreto Ley aprobado el viernes por el Consejo de Ministros que estableció el nuevo marco legal para la modernización y liberalización de la gestión de los 47 aeropuertos de Aena.
