El asesinato de tres personas vinculadas con un consulado de EEUU en Ciudad Juárez, incluidos dos ciudadanos estadounidenses, ha hecho saltar las alarmas en Washington por la narcoviolencia en México, que nuevamente subraya la urgencia de frenar el flujo de armas ilegales a ese país. Se trata del ataque frontal más reciente del crimen organizado contra empleados del Gobierno estadounidense en México desde 1985, cuando Enrique Kiki Camarena, un agente encubierto de la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA) fue secuestrado, torturado y asesinado a manos de narcotraficantes. La dimensión y el simbolismo del ataque del sábado fueron tal que el asunto llegó a las esferas presidenciales en Washington y México, y ambos gobiernos prometieron castigar a los responsables.
Según varios observadores, el incidente en Ciudad Juárez -tachada como una de las ciudades más peligrosas del mundo- demuestra la temeridad de los narcos y alimenta la percepción de que nadie está a salvo de esa violencia, tenga o no vínculos con esas bandas. El presidente de EEUU, Barack Obama, está "profundamente entristecido e indignado" por los "asesinatos brutales" de una empleada y su esposo, ambos ciudadanos estadounidenses, y el cónyuge de una funcionaria mexicana, dijo en un comunicado Mike Hammer, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. Agregó que las autoridades de EEUU trabajarán "incansablemente" con las de México "para llevar a los asesinos ante la Justicia", algo de lo que se hizo eco también Ricardo Alday, portavoz de la Embajada de México en EEUU.
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo en un comunicado que se hará "lo necesario para proteger a nuestra gente" y castigar a los responsables del crimen. "Estos horrorosos ataques contra miembros de nuestra propia familia son, tristemente, parte de una creciente tragedia que azota a muchas comunidades en México", lamentó ayer la secretaria de Estado.
