El fallo emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Valladolid en el que se ordena la retirada de los símbolos religiosos de un colegio ha suscitado una fortísima controversia entre quienes entienden que la sentencia se limita a cumplir los preceptos constitucionales de un Estado que se declara a sí mismo aconfesional y quienes no ven la necesidad de la supresión de los crucifijos -el PP- o directamente interpretan la decisión como un ataque a los valores católicos fruto de la "cristofobia" que sufre España. Como en todos los debates del ámbito jurídico, conviene ceñirse al asunto que se juzga antes de entrar en consideraciones generales. En este caso, se atiende una demanda de un grupo de padres que reclamaba la retirada de los símbolos y que se encontró, en su momento, con la oposición del consejo escolar del citado centro. El juez se limita a dar amparo a estos progenitores en virtud de lo dispuesto en los artículos 14 y 16.1 de la Constitución, que regulan los derechos fundamentales relativos a la igualdad y a la libertad de conciencia. "El Estado -sostiene el fallo- no puede adherirse ni prestar apoyo a ningún credo religioso" y, en consecuencia, opta por apoyar la solicitud de la retirada de los crucifijos de un colegio que, no se olvide, es de titularidad pública. Es evidente que para la mayoría de los españoles esos crucifijos no ofenden, pero del mismo modo es también obvio que constituyen un agravio con respecto a otras religiones y que es difícil defender su presencia en los centros públicos más allá de que formen parte de una tradición. En tal sentido, suena carente de razón y completamente desproporcionado que se entienda, como ha declarado el arzobispo de Toledo Antonio Cañizares, que la decisión del juez es un ejemplo de "cristofobia" o que el Vaticano interprete que el fallo implica que Europa le tiene "miedo a los crucifijos". Ni una cosa ni la otra. Simplemente se ha cumplido con precepto de la Constitución española, la Constitución de todos.
