Los cuatro cabecillas de la presunta trama de corrupción de Estepona seguirán en la cárcel dos meses después de ser detenidos. La jueza denegó la libertad al ex jefe del gabinete de Alcaldía, José Flores, y al edil del Partido de Estepona (PES) José Ignacio Crespo. El ex alcalde, Antonio Barrientos, y otro edil del PES, Manuel Reina, también seguirán en prisión.
Ha pasado algo más de dos meses desde que en Estepona (Málaga) se destapara el pasado 17 de junio una red de corrupción urbanística calcada a la de su vecina Marbella. Una trama presuntamente urdida por el que fuera alcalde de la localidad de la Costa del Sol, el ex socialista Antonio Barrientos, que se dedicaba, entre otras actividades ilícitas, a cobrar comisiones ilegales a cambio de favores urbanísticos. Grandes sumas pagadas por grandes promotores y empresarios locales, que iban a parar a una caja b y que los principales implicados podrían haber estado utilizando para su lucro personal o incluso para financiar a sus partidos políticos, el PSOE y el Partido de Estepona (PES), heredero directo del GIL.
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, sigue avanzado en el caso Astapa. Se espera que en otoño, cerca de octubre, levante parcialmente el secreto de sumario y se puedan conocer más detalles de esta trama discípula aventaja de Malaya. De momento, la jueza ha decidido mantener en prisión a quienes parecen ser los cuatro protagonistas de la presunta red corrupta. Según se difundió ayer, ha denegado la puesta en libertad del que fuera jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores, y del edil del PES José Ignacio Crespo, informó Efe. El Ministerio Fiscal también se había opuesto a que salieran a la calle.
A finales del pasado julio la magistrada tomó la misma determinación para el ex alcalde, por considerar que existía riesgo de fuga y que podía intentar influir en las declaraciones de los imputados en el caso. También sigue en prisión el otro ex edil del PES, Manuel Crespo. A todos se le imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo. A Reina también el de fraude. Ellos cuatro se perfilan como los protagonistas de una red que cuenta con 41 imputados -siete de ellos miebros de la corporación municipal-, 17 en libertad sin medidas cautelares y otros 20 en la calle tras depositar una fianza.
Medidas económicas. A pesar de que los principales imputados no saldrán de la cárcel, la jueza sí que ha revocado -siguiendo la orden de la Audiencia de Málaga- las medidas cautelares de tipo económico que había adoptado. Únicamente no se tocarán las fianzas personales que habían pagado los imputados para evitar la cárcel y que suman 2,3 millones de euros.
Sí se han alzado las medidas que impedían a los implicados disponer de sus bienes rústicos y urbanos, las cuentas bancarias de los imputados han quedado desbloquedas y el dinero que algunos depositaron para hacer frente a responsabilidades patrimoniales si fueran declarados culpables en el juicio deberá ser devuelto. La Audiencia de Málaga advierte de que estas medidas se habían adoptado de forma indiscriminada contra todos los imputados sin que se pudiera determinar la responsabilidad patrimonial concreta de cada imputado. Por ello ordena revocar de las medidas económicas sólo para tres imputados que presentaron recursos, aunque la jueza ha decidido acatarlo y extenderlo a todos los imputados.
