La crisis económica va servir para todo, primordialmente para cubrir las quiebras del modelo que nos ha llevado precisamente a esta situación. Una quiebra que, en lo que concierne a España, ha sido provocada por un urbanismo desaforado y un consumo desmedido que nos puso a la cabeza del crecimiento económico de Europa. Mientras duró la bonanza poco se cuestionó un modelo que arrojaba cifras espectaculares enarboladas por los políticos como signo de progreso y estabilidad. Claro está que el análisis se hacía desde lo macro, sin reparar ni tener en cuenta los desajustes que se producían en el plano de la microeconomía. La crisis financiera y la subida del precio del petróleo han arrasado con un crecimiento que ha mostrado la debilidad de sus cimientos.
La construcción como motor del desarrollo se ha asentado en unos comportamientos difíciles de mantener durante mucho tiempo; unos comportamientos que en muchos casos han llevado a la destrucción del medio ambiente, a la corrupción de algunos políticos, a una oferta desmedida incluso para una clase media que se lanzó sin red ni paracaídas a la aventura de invertir en ladrillos con el dinero que no tenía. Del mismo modo que lo hizo también en otras parcelas del consumo, comportándose como una nueva rica que debía de tener de todo a costa de un futuro que creía cierto. Ahora, cuando las aguas revueltas de la crisis discurren por los circuitos financieros, ha reducido el gasto por la sola razón de que las cuentas no le salen, o porque la nómina no da para más, sin otra estrategia que la de recuperar en el futuro un nivel de vida al que no está dispuesta a renunciar.
Y en todo esto se olvida que el crecimiento económico ha sido en gran medida posible porque se ha contado con dos colectivos de trabajadores a los que se les ha maltratado en el salario y en las condiciones laborales; nos referimos a los jóvenes y a los inmigrantes. En efecto, a la gente joven, de la que se dice que es la mejor preparada de nuestra historia, se la ha mantenido -es un decir- con muy bajos sueldos y en muchos casos en situación de interinidad permanente por parte de unos empresarios cuya avaricia les ha llevado a acumular todos los beneficios del desarrollo económico. Unos sueldos que podían ser de 500 euros, por debajo del salario mínimo, o de 600 o 700 y que en el mejor de los casos podía llegar a 1.200, pero en tales supuestos la relación laboral no existía o era temporal. A través de la contratación por proyectos, de subcontratas y cualquier otro artificio jurídico que sirviera para estos fines, se ha ido consolidando la explotación laboral de nuestra juventud. Ahora, cuando las cosas van mal, se dice que es necesario recortar los costes laborales, y habrá que contestar ¿cuáles quedan por recortar? Queda la amenaza de mandar a las cavernas, es decir al paro, a aquéllos que contribuyeron a un progreso económico del que no vieron sus resultados parece bastante cierta.
Otro tanto cabe decir de los inmigrantes, a los que se contrató por un salario inferior al de los españoles, que soportaron unas condiciones de trabajo que no asumían los de aquí, y que en no pocas ocasiones vieron atropellados sus derechos sin poder defenderse dada la precariedad de su situación. Y ahora, cuando las cosas no pintan bien, se les quiere expulsar so pretexto de una crisis económica que, como dijimos al principio, va a servir para tapar todo y justificar lo injustificable.
Rosario Valpuesta es catedrática de Derecho Civil de la Pablo de Olavide
