El aumento de los delitos urbanísticos en la provincia ha llevado al fiscal delegado de Medio Ambiente a advertir de que esta "avalancha" provoque que su sección acabe especializándose en "exclusiva" en este tipo de infracciones. Además, pide más funcionarios para controlar los asuntos.
La provincia de Sevilla viene registrando desde hace un par de años un aumento importante de los asuntos penales por cuestiones urbanísticas. Sólo en 2006 los casos que registró la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla aumentaron un 110%, pues de 100 diligencias de investigación abiertas en 2005 por esta sección especializada, se pasó a 353.
La tendencia no ha variado en 2007, según recoge la memoria de la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado. Es más, el escrito destaca la apreciación realizada por el fiscal delegado de Sevilla, Javier Rufino, quien en su memoria "advierte ante la avalancha de temas urbanísticos de contendio penal que se vienen produciendo en la provincia", que si "persiste esta tendencia clara de los dos últimos años" peligra el que esta especialidad "lo sea casi exclusivamente de este tipo de delincuencia urbanística y no de otras cuestiones medioambientales". Rufino asegura que "los medios humanos y materiales" acabarían monopolizándose "en la persecución de los delitos sobre la ordenación del territorio".
Esta situación se puede ver agravada por la falta tanto de funcionarios como de fiscales en esta especialización -un problema generalizado tanto en el Ministerio Público como en los juzgados en general-. De hecho, la memoria de la Fiscalía General destaca que Sevilla también alerta de las "deficiencias en lo que asistencia funcionarial se refiere". La consecuencia: "la inexistencia de un eficaz control de los asuntos", de ahí que sea necesario un aumento de la plantilla, por otra parte, proporcionado con el aumento de causas.
Sin embargo, esto no ha sido ápice para que la Fiscalía sevillana haya logrado "un eficaz sistema de coordinación", lo que permite que "los delitos de la especialidad son despachados, en toda la provincia, por los fiscales de la sección". Así, si un fiscal recibe un asunto de esta materia "debe remitirlo de inmediato". Una organización que la sitúa muy por delante de otras Fiscalías, pero que para que siga funcinando "es absulatamente necesario aumentar los medios y el número de funcionarios como única forma de garantizar la efectividad".
La memoria también hace referencia a la colaboración de otras administraciones y cuerpos de seguridad con el Ministerio Público, imprescindible para perseguir este tipo de delitos. En este sentido, el fiscal de Sevilla afirma que "se ha producido un cambio importante en lo relativo a las relaciones con la administración autonómica". Especialmente, Rufino hace referencia a la "Consejería de Obras Públicas o con la Delegación de Cultura", con las que la Fiscalía mantiene una estrecha colaboración con los temas "de ordenación del territorio o de protección de parajes".
La Fiscalía de Sevilla, coincidiendo prácticamente con el resto, alaban las "buenas relaciones" con los cuerpos de seguridad competentes. La labor del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y las Unidades de Urbanismo de la Guardia Civil, y la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía son destacadas en la memoria. El informe hace mención especial a la Unidad de Urbanismo, destacando que sus investigaciones "son, por lo general, muy detalladas".
Por el contrario, los ayuntamientos no salen muy bien parados del balance anual de la Fiscalía, que critica la falta de colaboración de las "autoridades locales". Así, incluso la Fiscalía habla de "dejadez" y de "connivencia" cuando se trata de temas referidos a la "contaminación acústica", asegurando que en los mismos "se observan altos índices de dejadez y, a veces incluso, connivencia por parte de la administración local".
