Las personas dependientes con ingresos inferiores a 517 euros no pagarán nada de su asistencia. Gobierno y comunidades fijaron ayer los límites comunes a partir de los cuales cada autonomía cifrará cuánto pagará el beneficiario de las prestaciones de la Ley de Dependencia. Andalucía mantendrá la situación actual.
Los criterios para calcular qué parte de la prestación reconocida por la Ley de Dependencia debe abonar el usuario y quienes quedan exentos de participar en el copago de estos servicios eran uno de los puntos de la norma que aún quedaba por concretar. Gobierno central y comunidades autónomas se reunieron ayer en el Consejo Territorial para fijar unos mínimos y máximos que entre los que todas las comunidades deben moverse a la hora de determinar sus propios criterios.
Según lo acordado con los votos a favor de diez comunidades (entre ellas Andalucía) y las abstenciones de Canarias y las gobernadas por el PP, en ninguna comunidad un dependiente con ingresos mensuales inferiores a una vez el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) -fijado este año en 516,90 euros- no pagará nada. También se ha acordado que cuando al usuario se le asigne una residencia (o prestación económica vinculada a este servicio) pero en su vivienda habitual habitaran otras personas a su cargo, dicha vivienda no compute en la valoración del patrimonio a la hora de determinar el nivel de copago del centro para el dependiente.
Para los dependientes con ingresos superiores al IPREM, el acuerdo fija como límites que "la prestación que reciba el beneficiario nunca podrá ser inferior al 40% de la cuantía establecida anualmente para la prestación económica vinculada al servicio y del 75% para la de cuidados en el entorno familiar". A partir de ahí, cada comunidad decidirá sus índices de copago.
En Andalucía actualmente la vivienda habitual del dependiente no se tiene en cuenta en ningún caso y en el copago de los centros residenciales, la media es que el beneficario aporte el 75% de su pensión para sufragarlo. La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, confirmó ayer a este periódico que los criterios andaluces no variarán sustancialmente y si se produce algún cambio no será para que el usuario asuma un coste mayor.
Navarro valoró que los criterios acordados ayer sean "muy respetuosos" con las comunidades autónomas, quienes finalmente decidirán los niveles de copago de los dependientes de cada territorio dentro de los márgenes fijados por el Gobierno central. En este sentido, justificó el rechazo de Andalucía a la propuesta de las comunidades del PP que querían que estos criterios fueran establecidos por Real Decreto y no por meros acuerdos. Alegó que si son fijados por Real Decreto, las comunidades tendrían que cumplir escrupulosamente la ley y no podrían mejorarlos.
Profesionalización. El Consejo Territorial también acordó ayer los requisitos de calidad que deben cumplir los centros y servicios del Sistema de Dependencia, referidos no sólo a las instalaciones y equipamientos, sino también al personal. Sobre este último término, se decidió que en 2015 el 100% del personal tenga un título o cualificación profesional, ya que actualmente sólo lo posee un 30%.
