Cualquier 28 de febrero es una fecha idónea para la reflexión sobre la situación socioeconómica de Andalucía, pero este año, este examen de la realidad autonómica viene condicionado por un factor extraordinario que modifica todos los análisis posibles: la crisis. La situación excepcional que estamos viviendo no sólo ha llegado al sistema financiero y a la economía doméstica de las familias y las empresas. También afecta, y de qué manera, a las hojas de ruta escritas por casi todos los gobiernos, incluido el andaluz. Desde San Telmo, y ahora desde la Casa Rosa, la acción política se ha centrado en la adopción de medidas destinadas a mitigar las consecuencias del derrumbe económico y a la reactivación de los mercados y del consumo ciudadano. No hay otra prioridad mayor en el horizonte inmediato. Pero esta fijación lógica en tiempos tan inciertos ha tenido también efectos colaterales en el avance de la comunidad. El Estatuto de Autonomía aprobado por los andaluces hace ahora dos años ha sufrido un freno indiscutible en su desarrollo legislativo. En los albores de la anterior legislatura se aprobaron 19 leyes que desarrollaban la Carta Magna autonómica, pero esta velocidad de crucero se ha ralentizado de tal modo que en los diez meses del actual mandato sólo se han sacado adelante tres iniciativas legislativas y quedan aún pendientes otras 34 leyes que plasmarán el espíritu del nuevo estatuto. La responsabilidad institucional exige la concentración de esfuerzos en el combate de la crisis, pero sin que el empeño aparque otros asuntos de un relieve innegable. Entre ellos, el mencionado desarrollo del estatuto, la defensa de los intereses andaluces en el nuevo modelo de financiación de las autonomías y la fijación y cobro, antes del 20 de marzo, de la deuda histórica que aún mantiene el Estado con la región. Todos ellos asuntos de tal envergadura que, con permiso de la crisis, merecen la atención de nuestros gobernantes.
