Encierro de los trabajadores de Mercasevilla en la Catedral. / EP
Después de que el comité de empresa de la sociedad gestora del mercado central de abastos, Mercasevilla, impugnase ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el expediente de regulación de empleo (ERE) consumado el mes pasado con el despido de 129 trabajadores y la externalización de los puestos de trabajo de otros 39, un total de 89 de los 129 empleados despedidos han formulado demandas individuales contra dichos despidos. Este ERE fue consumado con indemnizaciones de 20 días por año de servicio en lo que constituye la reestructuración laboral más dura que ha vivido esta empresa participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense.
Estas demandas individuales han sido formalizadas de la mano de los servicios jurídicos de las uniones provinciales de CCOO y UGT, según ha informado a Europa Press Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa de Mercasevilla. A tal efecto, el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) ha convocado los correspondientes actos de conciliación para el próximo 19 de septiembre.
ERE EN PLENO AGOSTO Los despidos, en concreto, comenzaron a ser efectivos el pasado 12 de agosto, la jornada en la que precisamente entró en vigor la liberalización de los servicios que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja de pescado. Y es que la liberalización de los servicios que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja, con su consiguiente precio para los mayoristas de pescado, juega un papel fundamental en la dura reestructuración laboral promovida por esta sociedad participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa.
La liberalización de los servicios de carga de género y facturación de ventas que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja de pescado, en ese sentido, constituye uno de los factores clave de este procedimiento, toda vez que el Gobierno municipal del popular Juan Ignacio Zoido sostiene que esta liberalización responde precisamente al cumplimiento de las regulaciones comunitarias.
EL PAPEL DE LA UNION EUROPEA En concreto, en el seno de las instituciones europeas reside un expediente a cuenta de la supuesta situación de monopolio en la que incurriría Mercasevilla al prestar con estos trabajadores los servicios de carga y facturación del género con la correspondiente imposición de un gravamen a los empresarios mayoristas de pescado, quienes precisamente habían elevado este aspecto a la Unión Europea. Para el Gobierno local del PP, la liberalización de la lonja responde así a las exigencias de las regulaciones europeas, toda vez que los trabajadores defienden que la Unión Europea no ha emitido aún ningún dictamen concluyente o definitivo sobre este conflicto.
Sea como sea, en los últimos meses el Consistorio hispalense ha tramitado y aprobado definitivamente una modificación de los reglamentos de Mercasevilla que liberaliza los servicios que los trabajadores de la empresa prestan en la lonja de pescado, extremo que entró en vigor el pasado 12 de agosto abriendo las labores de carga y descarga y facturación del género a la libre contratación por parte de los empresarios mayoristas.
En paralelo, Mercasevilla promovía una operación de ampliación de capital por valor de casi seis millones de euros para recabar fondos con los que afrontar las indemnizaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) asociado a la liberalización de los servicios que la plantilla presta en la lonja. El Ayuntamiento, como socio mayoritario de Mercasevilla, aportó 3.086.154 euros a esta ampliación de capital.
