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Los detenidos en Zurgena por corrupción aumentan ya a seis

La detención de un constructor en la comarca almeriense del Almanzora eleva a seis los detenidos por su presunta implicación en la construcción de unas mil viviendas sobre suelo rústico en Zurgena. Figuran además el alcalde, el edil de Urbanismo, el arquitecto municipal, otro técnico y un promotor inmobiliario.

el 15 sep 2009 / 02:41 h.

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La detención de un constructor en la comarca almeriense del Almanzora eleva a seis los detenidos por su presunta implicación en la construcción de unas mil viviendas sobre suelo rústico en el término de Zurgena. Figuran además el alcalde, el edil de Urbanismo, el arquitecto municipal, otro técnico y un promotor inmobiliario.

Fuentes de la investigación revelaron que la detención del constructor, cuya identidad no ha trascendido, se produjo a última hora del pasado miércoles. La denominada operación Costurero -dentro de la que se efectuaron diez registros en domicilios y empresas de Albox, Garrucha, la capital y Zurgena- sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos en función de las manifestaciones prestadas ante la Guardia Civil por los ya detenidos.

A todos se les imputa la comisión de los delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio tras una investigación abierta en 2006 por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que derivó en la incoación de diligencias por la Fiscalía de Medio Ambiente y el Juzgado de Instrucción número dos de Huércal-Overa.

La operación, sobre la que se ha decretado secreto sumarial, ampliado a la identidad de los detenidos, comenzó con registros por mandato judicial en inmobiliarias, promotores y domicilios de Zurgena, donde los agentes de Grupo de Delitos Urbanísticos intervinieron asimismo diverso material informático y documentación en la sede del Ayuntamiento, así como viviendas y empresas de Albox, un estudio de arquitectura en la capital y un despacho profesional o domicilio en Garrucha. Tanto el primer edil como el también primer teniente de alcalde fueron citados a declarar en relación con este caso en enero de 2007, aunque en calidad de testigos.

El juez investigaba, tal y como sostiene el Fiscal de Medio Ambiente, Juan Sánchez, si se produjo la comisión de delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio en la autorización municipal a seis promociones de viviendas ejecutadas por cuatro empresas en pedanías del municipio.

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