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Los detenidos por el Palma Arena declaran ante el juez

Los cinco detenidos imputados por su presunta vinculación con una supuesta trama de corrupción en el velódromo Palma Arena prestaron declaración ayer ante el juez de instrucción número 3 de Palma, José Castro.

el 16 sep 2009 / 06:56 h.

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Los cinco detenidos imputados por su presunta vinculación con una supuesta trama de corrupción en el velódromo Palma Arena prestaron declaración ayer ante el juez de instrucción número 3 de Palma, José Castro. Al cierre de esa edición seguían en el juzgado, ya que el juez tenía intención de agotar los interrogatorios en el día de ayer. Parece ser que Castro ha tenido en cuenta la petición de las defensa, que le han reclamado que agote todas las declaraciones, con el fin de evitar la posible medida cautelar de decretar el ingreso en prisión provisional de sus respectivos clientes hasta que concluya toda la ronda de interrogatorios.

Los detenidos son el ex gerente del velódromo, Jorge Moisés; el ex director general de Deportes del Govern, Pepote Ballester; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero, y el director general de la UTE, que construyó el pabellón deportivo.

Todos fueron trasladados en una furgoneta de la Policía Nacional, a las 8.50 horas, hasta los juzgados de Vía Alemania de la capital balear, esposados y con aspecto demacrado después de pasar tres días completos -el tiempo máximo permitido- en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, en la calle Ruíz de Alda.

El abogado de Durán, José Ramón Orta, remarcó ayer que su cliente "no se llevó ni un café ni un duro del Palma Arena", cuando en la pasada legislatura presidió la Junta del Consorcio para la construcción de esta infraestructura deportiva, impulsada e inaugurada por el ex-presidente del Govern, Jaume Matas, si bien señaló que la Fiscalía Anticorrupción le imputa un delito de prevaricación, por el cual se podría enfrentar a una inhabilitación para ejercer un cargo público que oscila entre los siete y los diez años.

El abogado defensor manifestó que su cliente se acogió a su derecho a no declarar ante la Policía Nacional al considerar que su declaración ante el magistrado le da "más garantías y más seguridad" que en las dependencias policiales.

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