El Gobierno dispondrá de seis meses para confeccionar un censo de las personas enterradas en el Valle de los Caídos, facilitará la información a los familiares de quienes puedan ser identificados y contribuirá económicamente a las exhumaciones y traslados de los restos que sean reclamados por estas familias. Así lo acordó ayer la Comisión Constitucional del Congreso, que aprobó mayoritariamente una proposición no de ley pactada entre Joan Herrera (ICV), la diputada de Na Bai, Uxue Barkos, y el grupo socialista, y que únicamente ha tenido oposición en el Partido Popular.
"Se facilitarán económicamente las exhumaciones, y en su caso se agilizará el traslado de los restos humanos cuando así lo soliciten los familiares o entidades representantes de los mismos", reza uno de los tres puntos de la iniciativa, que insta al Ejecutivo a adoptar varias medidas en relación con la basílica de Cuelgamuros. Así, el Congreso insta al Gobierno a elaborar, en un plazo "máximo" de seis meses "un censo de las personas que se encuentran enterradas en el Valle de los Caídos, especificando, si se conocen, las identidades".
