Si hoy cualquier padre desde casa puede, a través de una plataforma digital, seguir lo que hace cada día su hijo en el colegio, ¿qué impide que un diputado rinda cuentas a diario de su trabajo y su asistencia a los plenos? Ésa es la reflexión del presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, que ha prometido una serie de reformas legales para que los ciudadanos ganen terreno en el control de sus políticos. Serán inminentes una ley de transparencia y acceso a la información pública y una ley de participación ciudadana e institucional. Gracia, que ayer participó en el Forum Europa, subrayó la necesidad de fomentar la transparencia en el Parlamento en un momento en el que ya nadie puede poner en duda el descrédito y el desapego a la política, cuando los políticos ocupan el tercer puesto entre las preocupaciones de los ciudadanos.
El 25 de septiembre cerca de un millar de personas rodeó el Parlamento andaluz al grito de "políticos corruptos" y "no nos representas". Era la réplica de un terremoto ciudadano que tenía su epicentro en el Congreso, donde las cargas policiales y los actos violentos acabaron por hacerse con la noticia. El presidente del Parlamento se mostró ayer convencido de la necesidad de acelerar las reformas para recuperar el crédito político. El martes, Gracia envió una propuesta a los tres grupos parlamentarios para que se acelere una reforma del Reglamento que permita abrir la tribuna parlamentaria a los ciudadanos. Es el llamado escaño 110 en una Cámara de 109 diputados. La reforma, circunscrita al artículo 125 del Reglamento, aboga porque en el caso de las iniciativas legislativas populares la defensa de la proposición corresponda en el pleno a un representante de los promotores. Significaría que un ciudadano pueda subir, como un diputado, a la tribuna parlamentaria. La reforma estuvo en la campaña electoral del PSOE-A y fue una de las propuestas de José Antonio Griñán. Todo apunta a que habrá unanimidad para aprobar este cambio en el Reglamento por lectura única. Los portavoces de PSOE y PP, Francisco Álvarez de la Chica y Carlos Rojas lo avalaron ayer.
Se necesitan firmas de 40.000 ciudadanos para llevar una iniciativa al Parlamento. El 15-M promovió, precisamente a través de una iniciativa legislativa popular, que se rebajara la ley, que exigía 75.000. El Parlamento admitió la propuesta que fue finalmente asumida por el PSOE. En el caso de los ayuntamientos se precisa el acuerdo por mayoría absoluta de los plenos de 35 consistorios o de diez cuando éstos representen al menos a 75.000 electores. En el Parlamento andaluz se ha tramitado una sola iniciativa popular que fue rechazada en pleno en octubre de 2007 y promovida por asociaciones antiabortistas. La ley de caza llegó a plantearse como tal en 2003, pero se incorporaron las demandas de los cazadores a la ley de Flora y Fauna.
