El convenio colectivo de la RTVA, que expiró en 2012, está prorrogado hasta septiembre. La empresa quiere reducir gasto para garantizar la viabilidad del ente público y los trabajadores (alrededor de1.500) piden que los directivos asuman más recortes. El principal escollo en la negociación colectiva está en cómo se distribuye el ajuste en la masa salarial entre jefes y plantilla. La falta de entendimiento se saldó ayer con un acuerdo del Consejo de Gobierno para prorrogar el plazo de dicha negociación hasta octubre. Esto en la práctica se traduce en que el subdirector general del ente público, Joaquín Durán, y otros 16 directivos seguirán cobrando más que la presidenta, Susana Díaz, pese a que una norma de julio de 2012 lo impide expresamente. En total, 35 directivos mantendrán el mismo salario siete meses más, gracias al decreto ley que prorroga las condiciones del contrato programa de RTVA (2012). Durán pese a cobrar un 43% menos que su antecesor es el único alto cargo de una empresa pública andaluza que continúa percibiendo unos ingresos superiores a los de la presidenta: 78.522,77 euros al años (15.000 más que Díaz), pero además hay otros directivos y personal sujeto al convenio colectivo que también distrutan de esta circunstancia. El tope salarial en la RTVA lo fijó en el salario del empleado de convenio mejor pagado, gracias a los pluses que acumula (sólo hay uno que cobre 78.522 euros). Esta situación anómala se explica, en parte, porque la naturaleza retributiva de la RTVA ha permitido «distorsiones salariales entre el equipo directivo y la plantilla». Si se cumpliese la ley y se recortasen los salarios de los altos cargos por debajo del sueldo de la presidenta, habría empleados que cobrarían más que sus jefes, explicó ayer la Junta para justificar la prórroga de las actuales retribuciones de la dirección. Ésta es una solución «transitoria» que cuenta con el beneplácito de la empresa, pero que algunos sindicatos tildaron ayer de «vergonzosa». «No parece razonable que los directivos ganen menos que algunos trabajadores de plantilla», reiteró el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, que sin embargo no supo cifrar en cuántos empleados se daría esta situación. Los trabajadores cuestionan este punto, hablan de «casos puntuales de personas que han sumado un estatus y retribuciones que ya no se corresponden con el trabajo que se les asigna en el día a día», y piden revisar el gasto destinado a los pluses (unos tres millones de euros) que percibe el 20% de la plantilla. Lo que sí aclaró ayer el portavoz es que de los 35 directivos de la RTVA, 16 aún cobran más que la presidenta, y gracias al acuerdo de ayer lo seguirán haciendo otros siete meses. La Junta explicó que «se pretende evitar una situación de inseguridad jurídica que se da al haberse prorrogado la ultraactividad del convenio y entrar en vigor la ley de Presupuestos de este año». La reforma laboral del Gobierno dio un año de plazo a empresarios y trabajadores para cerrar la negociación colectiva. A esa prórroga se le llamó ultraactividad. Proporcional. Si antes de octubre, la dirección y los sindicatos de la RTVA logran llegar a un acuerdo sobre el convenio, las condiciones retributivas cambiarían de inmediato. En cualquier caso, la bajada salarial a los jefes irá aparejada a un recorte global de todos los empleados del ente audiovisual. La clave ahora está en ver en qué proporción se ajusta la nómina de la dirección y la plantilla. La última propuesta de Durán contemplaba una bajada del 6,5% en las nóminas de la plantilla, y un ajuste «proporcional» entre los directivos [el cómputo de ingresos de los directivos alcanza los cuatro millones de euros]. La prórroga hasta octubre del convenio también posterga la interinidad de Durán, que desde 2012 ejerce la función de director general de la RTVA. La plantilla también ha propuesto la reducción del consejo de administración del ente público, conformado por 15 miembros elegidos por PP, PSOE e IU, para lograr un ahorro de 1,2 millones de euros. Los tres partidos se han mostrado de acuerdo, y el portavoz aseguró ayer que «no se descarta esta posibilidad», pero aclaró que esta medida debe aprobarse a través de una proposición de ley en el Parlamento.