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Los directivos de las agencias públicas serán funcionarios

El PSOE garantiza su designación por méritos en sus enmiendas al sector público

el 28 ene 2011 / 20:33 h.

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Los sindicatos del sector se movilizaron hace una semana.

Los grupos parlamentarios registraron ayer un total de 156 enmiendas (82 IU, 32 el PSOE y 42 el PP) al proyecto de ley de reforma del sector público que mantiene en pie de guerra a los funcionarios. Las propuestas no dejan de ser un reflejo de los dos bandos existentes en el conflicto: por un lado el PSOE, UGT y CCOO y por otro el PP y los sindicatos de funcionarios, a los que se añade un modelo alternativo de IU que busca acercar posturas pero no convence a ninguno.


El PSOE ha incorporado las garantías reclamadas por UGT y CCOO para dejar claro que nadie será funcionario sin opositar y el que lo es mantendrá todos sus derechos y competencias exclusivas. Además explicita que los puestos directivos de las nuevas agencias serán ocupados por funcionarios de carrera cuando ejerzan "tareas de dirección relacionadas con el ejercicio de potestades públicas" y siempre designados por procedimientos "públicos" según su "mérito, capacidad e idoneidad".


La reforma creará 14 agencias para suprimir, por fusión o absorción, 111 empresas públicas, que integrarán a 3.000 funcionarios y laborales de la Junta y 20.000 contratados de las empresas públicas que se extinguirán. Esta mezcla es la base del rechazo de los funcionarios a la norma. Argumentan que personal que no ha opositado entra por la puerta de atrás en la administración e incluso puede mandar sobre funcionarios, alterando así la independencia de los servicios públicos. Desde el PSOE, Mario Jiménez y José Caballos defendieron que con estas enmiendas se aclara cualquier duda.


pp e iu. La apuesta por funcionarios de carrera para los altos cargos de la Junta fue una de las promesas de Griñán cuando asumió la presidencia de la Junta, aunque el PSOE desvinculó ayer lo que se haga en las 14 agencias afectadas por la reforma de una política general para toda la administración.


A día de hoy -quedan dos semanas de negociación, ya que la ley prevé aprobarse el 16 de febrero- el PSOE tiene difícil no aprobar la norma en solitario. Las propuestas del PP suponen, en la práctica, una "enmienda a la totalidad", según reconoció ayer Antonio Sanz, para "partir de cero", como reclaman los sindicatos de funcionarios. Pasan por suprimir todo lo referente a la creación de las nuevas agencias y a la integración del personal en éstas. Exige que en seis meses se presente al Parlamento un nuevo plan de reordenación negociado con todos los sindicatos -el PSOE limita la negociación a los representados en la Mesa General de Función Público, UGT, CCOO y CSIF-; que toda reforma se acompañe de una memoria económica que la justifique y se aclare el número de altos cargos que se reducen; que sólo se fusionen entidades de la misma naturaleza; y que las cuentas anuales de la comunidad recojan los presupuestos de explotación y capital y las inversiones de toda agencia, ente instrumental o consorcio participada directa o indirectamente por la Junta.


La fórmula alternativa que propone IU pasa por que las 14 agencias sean todas administrativas y por tanto sujetas al derecho administrativo -el texto actual prevé también agencias de régimen especial y empresariales públicas, algunas regidas por el derecho privado-. En este modelo, todo el personal fijo de estas agencias debe ser funcionario o laboral de la administración y los 20.000 externos de los entes que desaparecen se integrarían con sus condiciones actuales "en puestos no estructurales ni permanentes" y mediante contratos de gestión. Conforme vayan expirando sus contratos, las plazas tendrán que sacarse a concurso para ocuparse. PSOE, UGT y CCOO no aceptan este modelo porque consideran que no permite reordenar la maraña actual y los sindicatos de funcionarios lo ven insuficiente porque sigue integrando a los externos bajo el paraguas de la administración.


En las enmiendas de todos queda claro que quien entre en el futuro en las nuevas agencias tendrá que opositar. El problema radica en los 20.000 que actualmente tienen contrato en las empresas públicas que se extinguen. Nadie aboga públicamente por su despido sin más pero el PP y los funcionarios rechazan que entren en los nuevos entes.


IU también ha presentado enmiendas sobre la propuesta del PSOE pero aclara que "si nadie se mueve" se mantendrán "atados" a su modelo alternativo, que es su primera opción y no están "dispuestos a caer ni del lado del PP ni del del modelo del Gobierno" porque no les convence, subrayaron Diego Valderas y Pedro Vaquero. IU apeló a unos y a otros a abandonar "posiciones numantinas" y el PSOE confió en que IU no condicione su apoyo a la ley a la aprobación de su modelo y alcancen puntos de encuentro. Del PP espera menos. Aunque los populares defienden que sus propuestas son "constructivas", el PSOE le acusa del mismo "inmovilismo" que los sindicatos de funcionarios parapetados en la derogación.

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