El fantasma de las irregularidades y la falta de controles en el primer mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín ha vuelto a resurgir. Como ya ocurrió en 2007, facturas y obras sin hacer de 2003 vuelven a convertirse en uno de los grandes ejes de la campaña. De aquellos cuatro años y de un descontrol que incluso el Gobierno local admitió públicamente, proviene el caso Macarena, con un ex alto cargo socialista condenado, y Unidad, un proceso no vinculado a los distritos, pero sí a facturas, en este caso de subvenciones. A la lista se suma ahora un tercer proceso: las obras facturadas por una empresa afín al PSOE en el distrito Este denunciadas por un líder vecinal, José Baena, precisamente a sólo unos días de las últimas elecciones: el 24 de mayo de 2007.
Aquella denuncia dio pie a una lenta investigación y a un informe policial que, como ya ha ocurrido en casos anteriores, vuelve a poner en entredicho toda la gestión municipal a través de sus distritos. “De los hechos investigados –apunta el análisis policial– se desprende la más absoluta inobservancia en lo que a tramitación de expedientes, publicidad, concursos, adjudicación, fraccionamiento de obras se refiere por parte del distrito Este”. Hasta este punto, este proceso no hace sino ratificar lo ya admitido hasta por el PSOE y puesto en evidencia en la investigación del caso Macarena: todos los controles fallaron y hubo múltiples irregularidades administrativas al delegar demasiadas competencias a unos distritos sin medios.
Pero lo que la investigación policial y la propia revisión interna de los expedientes pilotada por Francisco Fernández buscan aclarar es si al margen de estas irregularidades, este caso puede esconder nuevas malversaciones de fondos o falsedades documentales como ocurrió ya en Macarena. El PSOE está convencido de que no. La Policía no lo tiene ni mucho menos tan claro. Y el PP parece de momento no estar dispuesto a implicarse demasiado en esta batalla judicial envuelta en unas circunstancias extrañas.
La firma JP Construcciones, dirigida entonces por el fallecido Juan José Pérez Parra, facturó al Ayuntamiento obras que no se realizaron. El informe policial es contundente en este sentido, sobre todo en su análisis de las tres del año 2003 que fueron denunciadas por Baena –tras encontrar copias de las facturas en su buzón, según su relato– por un importe de 5.266 euros. En ese momento además la empresa no contaba con trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. Junto a estos tres expedientes, constan decenas de trabajos adjudicados a esta misma firma afín al PSOE por un importe de 269.412 euros, todas en el año 2003.
Ésta es la cantidad facturada por la empresa al Consistorio durante 2003, pero no la abonada por el Ayuntamiento. Y ahí el informe vuelve a dejar en evidencia el descontrol de la administración local. El empresario tiene 269.412 euros en facturas, pero declara como ingresos computables 176.969 euros. Y lo que es aún más desconcertante, entre 2003 y 2004 cobró 67 cheques municipales por un importe total de 130.000 euros, que se corresponden con obras algunas realizadas y otra no, según el informe policial. El desfase total es de 176.969 euros, y en este punto centra sus conclusiones la Policía Judicial, que insta a recabar de Cajasol todos los movimientos efectuados en 2003 en la cuenta del distrito Este. Pero de nuevo, la investigación se enfrenta al mismo obstáculo, incluso peor en este caso que en Macarena: las obras se realizaron, o no, hace siete años; el promotor ya ha fallecido y los máximos responsables políticos de estos hechos no están en el Consistorio.
Aunque la denuncia de 2007 fuera dirigida también a Monteseirín, las facturas están firmadas por José Gallardo, ex delegado de Este, y por Inmaculada Muñoz, ex edil de Hacienda. Indirectamente sólo hay un edil socialista que puede verse afectado políticamente, y de ahí que él dirija la investigación: Francisco Fernández. Él era responsable de la agrupación Este del PSOE y su director actual en Cerro, Rafael Sánchez, era entonces el director del distrito.
