La asociación Ecologistas en Acción responsabilizó ayer a la Junta de Andalucía de la sentencia del Tribunal Supremo que exime a Boliden de pagar por la recuperación de las zonas arrasadas por el vertido de Aznalcóllar. El portavoz de la asociación ecologista, Isidoro Albarreal, recordó que el Supremo reitera lo que ya dijo en 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que indicó a la Junta de Andalucía que lo que debía plantear era un recurso ante la Sala de Conflictos, para determinar la vía a seguir, "sin embargo, la Junta optó por recurrir por la vía administrativa", por lo que ahora estamos igual que hace cuatro años, sin haberse determinado qué órgano judicial debe resolver el asunto.
Asimismo, señaló que no le sorprende la sentencia del Supremo porque en 2003 la Junta también se declaró incompetente administrativamente ante los tribunales civiles, al declarar que Boliden no había incumplido la normativa. Sin embargo, Albarreal recuerda que su organización presentó 12 denuncias entre 1994 y 1997 por los vertidos de la mina, sin que la Administración iniciara expedientes sancionadores.
Ecologistas en Acción alertó además que el suceso de Boliden se puede repetir en Mina Cobre Las Cruces, de Gerena, por lo que el coordinador de la asociación del área minera y canteras, Antonio Ramos, reclamó a la Administración andaluza que se cumpla la Ley de Gestión Integral de Calidad Ambiental (GICA) y que atienda a las denuncias que están presentado por el incumplimiento de las autorizaciones que la Junta otorgó a Cobre Las Cruces. Ramos señaló que esta empresa tenía autorización para extraer 180.000 metros cúbicos de agua del acuífero Gerena-Posadas al año, "y sin embargo está extrayendo dos millones de metros cúbicos al año, con el conocimiento de la Administración". A ello añadió que se haya dado permiso para inyectar al acuífero -que está reservado para el consumo humano- aguas negras de la depuradora de San Jerónimo.
