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Los ediles del ‘Nevada’ echan la culpa a la Junta

El ex alcalde de Armilla y su número dos, expulsados del PSOE, mantienen su inocencia, pero el fiscal pide dos años de cárcel por dar un centro comercial ilegal.

el 20 abr 2010 / 19:40 h.

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El ex alcalde de Armilla por el PSOE, José Antonio Morales, a su llegada ayer a los juzgados de Granada.
El juicio por el caso Nevada arrancó ayer con la declaración de los dos principales acusados -el ex alcalde de Armilla (Granada), José Antonio Morales, y su antiguo edil de Urbanismo y vicepresidente de la Diputación, Gabriel Cañavate, ambos expulsados del PSOE- y un mensaje común: ninguno de ellos tenía la más mínima conciencia de que la obra que estaban alentando era irregular y su inocencia, por tanto, es "absoluta".

Los dos responsables municipales defendieron la legalidad de la licencia otorgada, pese a la denuncia interpuesta por el PP, Los Verdes, Adobe y Ecologistas en Acción, que sostienen que el centro comercial Nevada se tramitó de forma ilegal, pasando de ser un supermercado de pueblo a uno de los mayores centros comerciales de Andalucía. Por ello, Morales y Cañavate -los dos principales implicados de los 11 que se juzgan desde ayer- se enfrentan a penas de dos años de prisión, 20 de inhabilitación y otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos. Aunque el fiscal los acusa de no tener en cuenta un informe técnico que alertaba de las supuestas irregularidades, que fue, dice, "deliberadamente sustituido" por el ex regidor porque incluía apreciaciones favorables, los dos políticos afirmaron que fue la Junta de Andalucía la responsable de la licencia, que el Ayuntamiento siempre obró dentro de la legalidad y que lo que hizo fue atender a las "precisiones", que no "objeciones" de la Delegación de Obras Públicas de Granada. De ahí, señalan, proceden los cambios en el proyecto. Morales se defendió diciendo que el informe fantasma no "existió" porque nunca se "emitió", como sucede "en no pocas ocasiones".

Tomás Olivo, promotor de la obra y el otro gran implicado -procesado también en el caso Malaya-, aseguró que la firma General de Galerías Comerciales S.A. se vio "obligada" por la administración a "aumentar la superficie" del centro comercial. Los cambios consistieron en una modificación vial de 11 a 12 metros, que los aparcamientos proyectados fueran públicos y que bajo rasante sólo se construyeran aparcamientos también de carácter público. Los acusados defienden que, si eso no hubiera sido legal, la Junta habría recurrido esas alteraciones, "pero no lo hizo" y, de hecho, Cañavate defendió que el proyecto contó con el apoyo "de todos los grupos políticos". El Gobierno andaluz llevó el caso a los tribunales más tarde pero un juzgado de lo contencioso-administrativo decidió en 2009 no anular la licencia de obras. En estos meses ha intentado buscar una solución extrajudicial para mantener los puestos de trabajo que genera la obra, paralizada, y en la que sólo se ha actuado poniendo medidas de seguridad. El fiscal solicita su demolición "completa, íntegra y total", hasta los cimientos, para devolver el suelo a su origen.

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