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Los ediles del Partido Estepona en prisión mantienen su acta

Los dos ediles del Partido Estepona (PES) imputados en el caso Astapa -José Ignacio Crespo y Manuel Reina- se negaron ayer a entregar su acta de concejal, como ya ocurrió con los cinco ediles socialistas encausados, a excepción del ex alcalde Antonio Barrientos.

el 15 sep 2009 / 07:37 h.

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P.J./L.B.

Los dos ediles del Partido Estepona (PES) imputados en el caso Astapa -José Ignacio Crespo y Manuel Reina- se negaron ayer a entregar su acta de concejal, como ya ocurrió con los cinco ediles socialistas encausados, a excepción del ex alcalde Antonio Barrientos. Se da la circunstancia de que Crespo y Reina están en prisión sin fianza, por lo que el concejal de Personal del Ayuntamiento de Estepona, David Valadez, ha solicitado al secretario municipal un informe sobre las consecuencias que pueda entrañar la permanencia en prisión de dos miembros de la corporación.

La decisión de Crespo y Reina es respetada pero no compartida por su formación, que les pidió que renunciaran al acta, según el viceportavoz del PES, Juan Manuel Rodríguez, quien afirmó que los ediles no han argumentado su negativa. Si el PSOE expulsó del partido a los concejales encausados que se negaron a entregar su acta, el PES esperará a que se levante el secreto de sumario antes de tomar una decisión.

Mientras, el Ayuntamiento ha despedido al jefe del gabinete de Alcaldía, José Flores y al ingeniero Javier Wittmeur, ambos también en prisión, en función del Estatuto de los Trabajadores que contempla que el contrato puede suspenderse por la privación de libertad de un empleado mientras no haya condena.

Por su parte, el Consejo de Gobierno autorizó ayer a sus servicios jurídicos a iniciar la personación de la Junta como acusación popular en la causa, al considerar afectados los "intereses generales" de Andalucía y competencias autonómicas en materia tributaria, patrimonial y urbanística. La Junta no puede presentarse como acusación particular -vía que intentó inicialmente en el caso Malaya- por no ser parte afectada. El Consejo de Gobierno no ha debatido la disolución del consistorio, pedida por el PP y que hoy analizará la Diputación Permanente del Parlamento.

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