Los ex trabajadores de Delphi conocerán hoy martes de forma oficial las empresas en las que se recolocarán tras finalizar los cursos de formación. El Consejo de Gobierno aprobará en Cádiz el plan de industrialización de la Bahía, que surge tras el anuncio de cierre en febrero de la planta de Puerto Real.
Estas compañías se instalarán en distintos puntos de la comarca y en los antiguos terrenos de la multinacional estadounidense. Queda pendiente aún la cesión de los activos a la Junta, que se producirá cuando se firme el convenio de acreedores, según fuentes del proceso concursal.
La juez que tramita la suspensión de pagos, Nuria Orellana, ha acumulado más de 200 impugnaciones de los acreedores, que tendrán que ser sometidas a juicio por separado, lo que podría suponer un retraso del proceso.
El consejero de Empleo, Antonio Fernández, aseguró el lunes que estas reclamaciones no trastocarán los planes de la Junta. "Para nada pone en entredicho ni en peligro los activos para que los trabajadores se puedan recolocar ni dilata el proceso de reindustrialización. No merma la gerencia de la Junta de los bienes ni el proceso inversor", señaló.
El plan incluye a empresas de energías renovables como Gadir Fotovoltaica y Gadir Biodiesel, que ya cuentan con los terrenos para instalarse en Puerto Real. Recibirán ayudas del Gobierno andaluz a cambio de reservar el 70% de sus plantillas para los trabajadores de Delphi.
Hoy es un día esperado para los sindicatos que aunque hace meses que conocen el compromiso de la Junta han esperado a que estas promesas sean algo oficial. "Queremos que se concreten las ayudas y a partir de ahí ver qué opinamos de los proyectos para poner negro sobre blanco cuando tengamos la intención de cada uno de los inversores", señaló Enrique Jiménez, secretario de la Federación Minerometalúrgica de CCOO.
La oficina técnica instalada por la Junta de Andalucía en Jerez (Cádiz) para el dispositivo especial de atención y tratamiento singular al colectivo de ex trabajadores de Delphi en Puerto Real realizó entrevistas a 1.702 empleados, que, entre otras cuestiones, arrojaron que el 68% de los afectados (1.037) no estaría dispuesto a aceptar "un contrato que no fuese indefinido de entrada".
Según la encuesta, en caso de recolocarse, el 69% está convencido de que ganará menos dinero que en su antiguo empleo.
