“Es cierto que el ayuntamiento está mal, pero han despedido a los trabajadores y han liberado junto a siete concejales, contratando también a un cargo de confianza”, dice José Antonio Prada, uno de los ocho afectados por los despidos en el Ayuntamiento de Burguillos. A su juicio, el nuevo gobierno no sigue ningún criterio y considera estos despidos improcedentes, por lo que se pueden declararse nulos. “Eso aumentará el gasto público”, añade.
El actual regidor, Domingo Delgado (PP), afirmó que no se llegaba ni a cubrir la mitad de las nóminas tras admitir una deuda local superior a los 62 millones. “En el fondo, todo es una persecución política”, afirma Prada. Como ejemplo, cita su caso personal, encargado de electricidad y 13 años en el consistorio. “Estoy casado con una concejal de la oposición (PSOE)”, aporta. Prada es delegado sindical de UGT y miembro del comité de empresa, donde, según explica, hay tres electricistas más, dos del PP y un hermano de Inmaculada Moreno (PP), concejal de Presidencia, Sanidad y Consumo.
En esa situación está R.B.G, peón de albañil, con diez años de trabajo en servicios municipales. “Es hijo de una persona que iba en las listas del PSOE”, explica el ya exresponsable de electricidad. Otro ejemplo que pone es el de A.J.S., encargado de obras, yerno de un miembro de la candidatura del grupo socialista en las pasadas elecciones. “Llevaba 21 años de trabajo y fue delegado sindical”. Prada asegura que el último fue sustituido por el nuevo cargo de confianza municipal. Los ocho trabajadores se han reunido y estudian emprender acciones legales contra la nueva corporación, defendiendo unos derechos que consideran vulnerados de manera injustificada. Pondrán el caso en manos de los servicios jurídicos de los sindicatos cuando se reanude la actividad a finales de agosto.
Prada sostiene, además, que el regidor ya ha tenido tiempo de hacer alguna contratación irregular. “Han sustituido a un encargado, responsable de jardinería, por el padre de una señorita que iba en la candidatura del PP, a espaldas de los sindicatos y sin facilitar el expediente de contratación”. J.M.A.S, con más de diez años de servicio, es el afectado en este caso particular.
V.A.L.D., monitor de deportes y una experiencia de 22 años de antigüedad, también figura en La lista. “Las madres de los niños están recogiendo firmas para su readmisión”, asegura. “En su puesto se quedan el cuñado del teniente alcalde y el sobrino del alcalde”. J.M.F.B fue edil del PSOE nueve años y es arquitecto. Según Prada, “solicitó al alcalde que lo dejara en el paro a él antes que a un padre de familia, pero tergiversaron sus palabras”. También fueron cesados M.V.L., exsecretaria del alcalde y M.P.M.M., de atención al público.
Réplica. El alcalde, por contra, señaló que a los trabajadores “les ampara la legislación” para denunciar estos despidos, a los que se sintió “obligado por la deuda”. Además, aclaró que había otro aliciente: cuatro de los despedidos estaban ocupando “cargos ya extinguidos y si los mantenía habría infringido la ley”. Delgado tachó de mentira que fueran siete los ediles liberados cuando “hay cuatro, uno a jornada completa con un sueldo al año de 21.000 euros brutos y tres a media jornada”. “Ni siquiera tienen móvil propio y sus viajes se los pagan porque no hay dietas”, precisó. Por último, negó que sea una caza de brujas contra el anterior gobierno socialista y puso como prueba de que “la casa consistorial está repleta de gente del PSOE” y sólo conoce “una persona que está afiliada entre los despedidos y que además pidió su cese por petición propia”.
