Economía

Los empresarios se quejan por estar fiscalmente «siempre bajo sospecha»

Para la CEA, la reforma fiscal estatal es «poco valiente» al no avanzar en temas «estratégicos» como la bajada de los costes por cotizaciones sociales.

el 07 oct 2014 / 12:00 h.

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Javier González de Lara y Manuel Ángel Martín, ayer en la presentación del estudio sobre la reforma fiscal de la CEA. / El Correo Javier González de Lara y Manuel Ángel Martín, ayer en la presentación del estudio sobre la reforma fiscal de la CEA. / El Correo Los empresarios andaluces no están contentos con tanta inspección fiscal. De hecho, creen que deben centrarse más en destapar la economía sumergida que en buscar «errores» en una declaración de la Renta. Casi se sienten perseguidos por Hacienda, así que piden que el empresario no esté, «como ahora, permanentemente bajo sospecha». Son palabras del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, (CEA), Javier González de Lara, quien ayer criticó el número de revisiones al que se enfrentan y la «inmensa litigiosidad» a la que dan lugar. «No recuerdo que se haya producido de forma tan elevada en los últimos años en España», apostilló para remarcar su queja ante el acoso de la Agencia Tributaria. En su lugar, González de Lara reclamó ayer una colaboración «más fluida» y «natural» con Hacienda, «cauces entre la Agencia Tributaria y los empresarios para resolver conflictos», dijo el presidente de la CEA en la presentación del informe Consideraciones y Prioridades Empresariales en Relación con la Reforma Fiscal, presentado por el presidente del Consejo Empresarial de Economía, Financiación y Fiscalidad de Pymes, Manuel Ángel Martín. Un estudio en el que, entre otras muchas cosas, se propone que los impagos de las administraciones se puedan liquidar «compensándolos» con los pagos obligatorios a Hacienda. La vieja aspiración empresarial. Y mientras el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid –al margen del fisco– copa la actualidad nacional, González de Lara pidió ante la prensa que se confíe en el empresario y defendió que las compañías andaluzas no tienen problemas «de tarjetas opacas». Lo cierto es que Hacienda ya anunció que extenderá su investigación a otras grandes empresas para averiguar si el uso de estas tarjetas como sobresueldos se ha generalizado. «Puede que esto fuera legal y que quien lo entregó tuviera razones para hacerlo, pero no todo lo legal es ético, y así hubo consejeros que no han hecho uso de esas tarjetas», añadió el representante de los empresarios andaluces. A su juicio, se debe «conjugar legalidad y ética, pues hoy en día existe una colisión». En cuanto a la fiscalidad, en el estudio presentado ayer y elaborado por representantes empresariales y expertos de la Universidad de Sevilla y de la Pablo de Olavide, los empresarios reclamaron al Gobierno andaluz que mantenga los impuestos en 2015, «si es posible, que los baje», que reduzca el de Sucesiones para equiparlo al de otras comunidades, y que se olvide de crear «impuestos especiales sobre la riqueza». El líder de los empresarios alertó de la urgencia de «evitar las fugas de talentos e inversión» hacia otros territorios por «consideraciones de índole fiscal, en particular por sobreesfuerzos exigidos en impuestos estatales cedidos» y apostó por desarrollar en Andalucía «una política fiscal propia que, armonizada con el conjunto del territorio nacional y a través del estímulo de la actividad productiva, se dirija a dinamizar y favorecer la creación de empleo y riqueza, así como la atracción de inversiones extranjeras». Por su parte, Martín puso el acento en el gasto de la comunidad. «Hay que mantener el equilibrio fiscal, y una forma es apretarse el cinturón con los gastos», afirmó tras indicar que, por ejemplo, la administración paralela aún existe. «Mantenemos la teoría de la neutralidad fiscal, que no se incremente, se garantice la seguridad jurídica, la estabilidad normativa, la unidad de mercado y la mejora de las relaciones entre Agencia Tributaria y la empresa, que no existe», concluyó. Para la CEA, la reforma fiscal del Ejecutivo de Mariano Rajoy no es «integral», presenta «poco rigor» y es «poco valiente» al no avanzar en temas que los empresarios consideran «estratégicos», como la bajada de los costes laborales derivados de las cotizaciones sociales. «Son un impuesto sobre el empleo que roza el 40 por ciento de la carga bruta salarial», denunció el presidente de los empresarios andaluces tras insistir en que no piden reducir el coste del despido: «Lo que queremos es que sea más barato contratar», aclaró González de Lara. En su opinión, aunque los decretos leyes que están ahora en tramitación parlamentaria «van en buena dirección», quedan por determinar cuestiones «básicas» como el desarrollo normativo en torno al modelo de financiación autonómica y el no incremento de la dispersión de las cargas fiscales del territorio. «Una de las grandes trabas para el desarrollo de las empresas sigue siendo la elevada presión fiscal que tenemos», sentenció el empresario.

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