El Parlamento andaluz está atrapado por la bronca de los ERE. No solo porque ya más del 60% de sus iniciativas giren en torno al presunto fraude en las prejubilaciones pagadas con fondos públicos que investiga la jueza Mercedes Alaya, sino porque el debate político está colapsado y el clima de tensión desborda cualquier límite razonable cuando quedan aún meses para que se disuelva la Cámara (será en diciembre) por las elecciones autonómicas.
“Más que enrarecido, el ambiente está enrerecido”, ironizó el dirigente de IU, Diego Valderas, en una de las pocas concesiones al humor en un pleno que sacó de sus casillas a muchos miembros del Gobierno, indignados por la estrategia del PP, escenificada ceremoniosamente por su líder Javier Arenas. El guión fue similar al de hace quince días. Los populares hicieron lo imposible por acorralar al presidente, lo acusaron de “mentir” y “tapar” las irregularidades y pidieron su dimisión, mientras IU insistió en un adelanto electoral.
Ayer el argumento central de la bronca fue si el Consejo de Gobierno discutió o no sobre estas ayudas a empresas investigadas por la justicia. En plena polvareda porque la Junta se haya negado a difundir todas las actas del Consejo de Gobierno desde 2001, como solicitó la jueza, Arenas preguntó: “¿Este asunto que tanto escándalo ha levantado se abordó alguna vez en los Consejos de Gobierno de la Junta?”. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, respondió rápido: “No, en ningún caso. No hubo informe de actuación [de la Intervención de Hacienda], aunque usted siga erre que erre”. “Ere de Gürtel, claro”, añadió ante las risas desatadas.
Griñán dijo lo mismo que el Gobierno viene defendiendo las últimas semanas: que nunca la Intervención –el órgano de control de la administración– alertó de un fraude sino de que no estaba de acuerdo con la fórmula que se seguía para repartir esas subvenciones. Es decir: los inspectores de Hacienda no avisaron de que se estaba robando, pero sí alertaron de que la fórmula para adjudicar las ayudas “prescindía absolutamente” del procedimiento legal establecido. La ley dice que solo los informes que encienden la alarma por fraude tienen que llegar al núcleo duro del Gobierno. De ahí la firmeza de Griñán. No exisitió ese informe, insistió. Nunca se discutió entre el presidente y sus consejeros.Arenas le tomó la palabra.
En el segundo acto ondeó documentos que demuestran que el Consejo de Gobierno sí discutió sobre estas ayudas de Empleo los días 7 de diciembre de 2005, 7 de noviembre de 2006, 27 de noviembre de 2007 y 22 de diciembre de 2008. Así quedó acreditado en sus órdenes del día, lo mismo que quedó claramente escrito que lo que se aprobaron en esas fechas son ampliaciones de crédito por valor de 17 de millones de euros para este programa de ayudas. Modificaciones presupuestarias, aclaró Griñán, que contaron con todos sus avales legales, con los informes a favor de la Intervención y que, como todo lo relativo al Presupuesto, se trasladó y comunicó a la Mesa del Parlamento, donde por cierto también se sienta el PP.
En rueda de prensa posterior, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, aclaró –a preguntas de los periodistas– que en ningún caso denunciaba que el Gobierno hubiera discutido de las irregularidades –justo eso es lo que a trazos gruesos había dejado escrito Arenas en el Diario de Sesiones–, sino que “hubo un incremento del fondo de reptiles a sabiendas de que había un procedimiento irregular”.
El Gobierno andaluz montó en cólera por la estrategia del PP. Al término de la sesión de control, las consejeras de Presidencia y Hacienda, Mar Moreno y Carmen Martínez Aguayo, no ocultaron su indignación por la “solemnidad” con la que Arenas se refirió a una “vulgar” modificación presupuestaria para tratar de implicar al expresidente Manuel Chaves y a Griñán. “Esta manipulación está fuera de todo límite”, denunciaron.
En eso se ha convertido el pleno. El PP lanza su supuesta bomba informativa contra el Gobierno y éste trata de desmontarla, con muchas dificultades. Primero porque el tema es duro y técnico. Desbrozar la letra de un informe de la Intervención General de Hacienda es un ejercicio de nota. Segundo, porque el PP da tiros certeros y construye una historia aparentemenete sólida poniendo el foco solo en la parte que le interesa. Y además se apoya en los autos de la jueza, que igualmente pone bajo la lupa a la Intervención, hablando de un “incumplimiento flagrante” al no emitir informe de actuación, pese a existir circunstancias que “por su importancia podían ocasionar un importante menoscabo de fondos públicos”.
El PP se quedó solo al tratar de reprobar por este caso a los consejeros de Empleo, Manuel Recio, y a la titular de Hacienda. El duelo fue duro entre la portavoz del PP, Esperanza Oña, y los socialistas, pero curiosamente con quien llegó a mayores fue con IU, que decidió no apoyar la iniciativa de los populares. Oña acusó a IU de tener un “papelito complicado” y de “venderse y prostituirse por un escaño en el Gobierno del PSOE”. El grupo de Valderas exigió una rectificación y Oña respondió: “No solo no rectifico sino que añado: prostituirse políticamente”.
El Parlamento está en guerra, de todos contra todos, y no precisamente porque la intervención militar en Libia también aflorara en el pleno después de que Griñán asegurara que fue consultado para el uso de las bases de Rota y Morón. Por cierto, que el PP se abstuvo y eludió oponerse “a la construcción de nuevas centrales nucleares en todo el territorio español y a favor del cierre progresivo de las existentes una vez finalizado su periodo de vida útil”.
