El continuo goteo de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que día tras día abarrota la actualidad laboral se puede ya concretar en cifras, al menos, hasta 2008. En Sevilla este tipo de reajustes afectaron a 1.115 trabajadores, un 80,12% más que un año antes. De éstos, el 64% tuvo que decir adiós a su puesto de trabajo.
A la batería de estadísticas que sirven para cuantificar los efectos del primer año completo de crisis, se sumó ayer la ofrecida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre los reajustes laborales sufridos en las plantillas de muchas empresas, a través de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
En el conjunto del año pasado, las autoridades laborales autorizaron ajustes de este tipo en Sevilla que afectaron a 1.115 trabajadores en la provincia, un 80,12% más que un año antes. De ese total, 712 (prácticamente el doble que en 2007) vieron cómo se extinguía su relación laboral con sus empresas. Aunque la cifra irá en aumento, ya que aún hay procesos abiertos, como el de Cerámicas Bellavista, pendiente de resolverse.
En Andalucía, fueron 5.412 los trabajadores que sufrieron en primera persona alguno de los 574 expedientes aprobados, en sus versiones de extinción de contrato, suspensión (de carácter temporal) y reducción de jornada. Un volumen que se incrementó en un 83,33% respecto a 2007, según arroja el Boletín de Estadísticas Laborales (BEL) que elabora el departamento que dirige Celestino Corbacho.
La única lectura positiva es que estos procedimientos no se cebaron con especial virulencia e la comunidad andaluza. Peor comportamiento registró Cataluña, donde 30.055 trabajadores se vieron afectados, seguida de Comunidad Valenciana (27.617), el País Vasco (14.799), Castilla y León (13.283), Madrid (12.342) y Aragón (11.806). De hecho, sólo Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y La Rioja presentaron cifras inferiores a la andaluza, y eso teniendo en cuenta las diferencias de población.
Mientras, en España los trabajadores salpicados por reestructuraciones se situaron en 147.476, cantidad que se multiplicó por 2,5 veces frente a los afectados un año antes, resultado de los 6.227 expedientes a los que las autoridades dieron el visto bueno.
De ellos, los más demandados fueron los de carácter temporal (3.042), seguidos de los de reducción de jornada (2.151), frente a los 756 de extinción (rescisión del contrato) y los 278 de variación de jornada.
En su mayoría, los expedientes se pactaron con los trabajadores (5.565 ERE para 123.828 empleados), mientras que un total de 276 con repercusión sobre 16.825 asalariados no fueron finalmente autorizados y otros 293 (con efecto sobre 16.031 personas) desistieron de presentarlo. Sin embargo, quedan aún muchos expedientes sobre la mesa a la espera de acuerdo con los sindicatos o de la luz verde de las autoridades laborales.
