Rafael Ricardi, el gaditano que recuperó la libertad el pasado viernes después de cumplir 13 años de cárcel por una violación que no cometió, habló ayer por primera vez de lo ocurrido. Manifestó que "lo peor" de todo lo vivido es que "después de tantos años todavía nadie me ha pedido perdón". Durante la rueda de prensa ofrecida en Cádiz, el exconvicto afirmó que todavía se encuentra "muy asustado y extrañado", pero tiene claro que el error que ha cometido la Justicia con su persona "no está pagado con nada del mundo", en relación a la indemnización que se prevé que la familia solicite una vez que el Tribunal Supremo revise el caso y le conceda la libertad total. Es cierto que no sólo ha sufrido Ricardi, al que le han robado injustamente trece años de su vida. Su familia ha tenido que soportar su ausencia y el ser señalada en la calle por aquellos que, contaminados por el error judicial, consideraban a Ricardi un ser abyecto y despreciable. El debate sobre la presunción de inocencia se ha reactivado con fuerza al salir a la luz pública está impactante historia, que demuestra que la justicia la imparten personas y que es necesario sellar cualquier resquicio para que los acusados tengan todas las garantías legales que eviten la perversión del sistema. La administración está obligada a dotar de recursos y herramientas eficaces a los jueces para evitar colapsos que afecten a los fallos judiciales. El estremecedor caso de la niña Mari Luz ha puesto sobre la mesa la urgente necesidad de dotar de más medios y personal a los juzgados. Pero en este caso, más que un problema de recursos, se trataba de una cuestión de garantías para el acusado. La máxima del in dubio pro reo es fundamental para no condenar a un inocente. Ricardi, con todos los matices que tuvo su caso, ha tenido 13 años para asimilarlo. También podría hacerlo la justicia. Pedir perdón sería un buen comienzo.
