Los estanqueros están sufriendo las consecuencias del aumento del tabaco de contrabando. / EFE
El presidente de la Unión de Estanqueros, Mario Espejo, ha resaltado que el contrabando de tabaco "no es un asunto solo español" y ha mostrado su "satisfacción" ante el informe publicado por la Oficina Europea contra el Fraude Fiscal (OLAF), ya que el sector "alertó del problema hace ya tres años".
En declaraciones a Efeagro, Espejo ha asegurado que la venta ilegal de cigarrillos se ha incrementado "de forma escandalosa" en los últimos años y representa actualmente el 12 % del consumo nacional, pero de casi un 30 % en Andalucía e incluso más del 50 % en la provincia de Cádiz, donde el problema es más acusado.
"En los estancos de esa zona y en las provincias de Sevilla y Málaga la situación es angustiosa, no cubren costes en sus pequeños comercios, que sustentan a muchas familias", ha afirmado.
Según Espejo "las consecuencias del contrabando de tabaco han sido tremendas" y traspasan las fronteras españolas, por ejemplo "a través del turismo británico en la Costa del Sol, que ha supuesto la entrada de cigarrillos ilegales en Reino Unido".
Ha manifestado su preocupación por las implicaciones que este problema pueda conllevar a largo plazo, "ya que está alimentando a mafias internacionales del crimen organizado que pueden llegar a ser muy peligrosas".
"El contrabando no es un problema solamente español, sino de todo el mercado tabaquero europeo, que está asolado por todas partes", ha insistido.
En este sentido, Espejo ha remarcado la necesidad de llevar a cabo "campañas de sensibilización e información al consumidor" para que conozca "a fondo" lo que implica comprar tabaco ilegal, un mercado que ha crecido con las llamadas "illicit whites", marcas que se fabrican directamente para la venta ilegal.
A su juicio, el informe de la OLAF puede ser "el inicio del fin del problema".
En este informe, la OLAF apunta indicios de "implicación del crimen organizado" en el contrabando y blanqueo en Gibraltar y plantea recomendaciones a los Estados miembros para la apertura de procedimientos judiciales, tanto en la Fiscalía General del Estado española como al fiscal general de Gibraltar.
