Los euros vencen a las leyes locales

Alcaldes de todo signo político alaban las normas pero exigen financiación y reclaman menos tutela en políticas como el urbanismo y la educación.

el 10 oct 2009 / 18:57 h.

Desde que en 1994 el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunció en el Parlamento, en un debate sobre el estado de la comunidad, su apuesta firme por culminar un Pacto Local Andaluz ha llovido mucho. Tanto como para que cinco consejeros de Gobernación hayan tenido que aguantar el chaparrón de los ayuntamientos y buscar un sinfín de argumentos para devolver el proyecto al cajón.

Se habían dado pasos. La comunicación ha estado abierta con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Hubo un intercambio oficial de papeles en 2001. Y mucho diálogo después dentro de la reforma del Estatuto de Autonomía.Finalmente la ley básica andaluza (con nueve artículos dedicados a los ayuntamientos) se ha convertido en la gran aliada de los municipios y en la principal responsable de que, quince años después, el Pacto Local haya dejado de ser una palabra maldita.

No ha sido Chaves sino el Gobierno de José Antonio Griñán el que se ha atrevido a presentar dos proyectos de ley dispuestos a marcar un antes y un después en la vida de los ayuntamientos: la Ley de Autonomía Local y la Ley de Participación de las Entidades Locales en los tributos de la comunidad. Andalucía es la primera comunidad de España que va a legislar en materia local. Está previsto que el Parlamento apruebe las leyes en 2010. A un año de las elecciones locales. Y ha sido precisamente el consejero más político de cuantos han ocupado el sillón de Gobernación, Luis Pizarro, -vicesecretario general del PSOE andaluz- quien, empujado por Griñán, ha traducido al papel esas normas.

El problema es que esa decisión política, de gran calado, ha llegado inmersa en una crisis bestial. Los alcaldes de las principales ciudades andaluzas, según ha recabado este periódico, aplauden que por fin legalmente una administración esté dispuesta a darles su sitio, pero avisan: ahora mismo el problema es otro. Son morosos. Necesitan dinero y lo requieren ya. El Gobierno andaluz avisa de que esa no es su guerra y de que la deuda local debe enjugarla el Estado, no la comunidad, que se limita a prestar recursos adicionales. El Ejecutivo de Zapatero ha prometido una Ley de Haciendas Locales, pero para 2011.

Los ingresos tributarios de los ayuntamientos -la mayoría ligados al ladrillo- han caído un 50%. Las cuentas de los alcaldes son las mismas, sea cual sea su signo político. Los recursos han caído a la mitad y de cada diez euros que gastan aseguran que tres los destinan a servicios que en realidad no deberían prestar. Y llevan haciéndolo muchos años. Tantos que la deuda tasada por la FEMP suma los 7.000 millones de euros.

El Gobierno andaluz reclama altura de miras ante las leyes locales y pide que se reconozca el "hito político" . El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), declaró a este periódico que la ley es "genial". "Las leyes locales son un hito en la política andaluza y hay que saber aprovecharlas", aseguró el popular, lejos del discurso beligerante de la dirección de su partido, que pone el foco sólo en la falta de recursos. El alcalde de Huelva, el popular Pedro Rodríguez, también aplaude la "modernización" que suponen estas normas. Y desde el Ayuntamiento de Córdoba, de IU, aseguran que hay que mirar a largo plazo. Aunque al final todos convergen en la reclamación económica. Desde el Ayuntamiento de Sevilla, socialista, lo dejan claro: "Se necesita más financiación de la prevista", avisa su edil de Presidencia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

La Junta intenta que las leyes trasciendan el debate económico. La decisión política está adoptada. El Gobierno va a blindar 29 competencias que actualmente están en manos de los ayuntamientos y a ceder otras exclusivas. Todo con condiciones y sin perder cierta tutela. ¿De qué sirve este paso político? El presidente de la FAMP, el socialista Francisco Toscano, lo ve claro. Con ese respaldo legal los ayuntamientos están legitimados para pedir más dinero. El problema es ahora a qué puerta llamar.La crisis manda en el debate local.

MÁS COMPETENCIAS

"En ordenación del territorio nos siguen tratando como a niños"

Los ayuntamientos esperaban más. Confiaban en que la cesión de competencias se tradujera en capacidad para decidir sobre temas que les afectan cada día, en tener un papel más activo o incluso la última palabra en la ordenación del territorio, el desarrollo urbanístico, la escolarización o la integración social de inmigrantes. Pero en esos campos sólo podrán gestionar las políticas diseñadas por la Junta e, incidentalmente, colaborar en su planificación.

"Nos dicen que gestionemos algo que no podemos controlar. Nosotros vemos los resultados de la política andaluza en escolarización, vemos los déficit porque los padres vienen a quejarse a nosotros, pero no podemos corregirlos, porque no tenemos ni voz ni voto en el reparto de plazas en nuestros barrios", critica el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez (PP).

La FAMP, en representación de los alcaldes andaluces, fue más exigente al presentar a la Junta sus recomendaciones sobre cómo debían ser las leyes locales. En los planes de vivienda, por ejemplo, querían decidir cómo y cuándo, a sabiendas de que es una de las áreas que más dinero mueve.

"En ordenación del territorio, nos siguen tratando como a niños, nos dicen lo que tenemos que hacer", lamenta Francisco Jiménez, alcalde andalucista de Utrera (Sevilla). Desde el Ayuntamiento de Córdoba (IU), también se subraya la "incongruencia" de que "seamos los primeros en enterarnos dónde se necesita un colegio o un centro de salud y no podamos decidir dónde construirlos". En cambio, el portavoz del Gobierno de Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), sí entiende que la Junta se reserve cierta planificación territorial. "Debe existir un ente de coordinación superior, alguien que vele por las áreas metropolitanas, porque muchos sevillanos viven en Tomares".

MENOS RESPONSABILIDAD

"Ya es oficial que debemos asumir lo más costoso y sin financiación"

La mayor parte de las 29 competencias que la Junta ha transferido a los ayuntamientos con la Ley de Autonomía Local ya las estaban gestionando los municipios. "El ciudadano no entiende de leyes ni autonomías. Cuando algo se le estropea en su calle o en su barrio, no le reclama al presidente del Gobierno ni de la Junta. Va directamente al Ayuntamiento. Ha sido así durante 30 años", dice Francisco Jiménez (PA).

Los alcaldes consultados coinciden en que les han entregado las instrucciones de uso para arreglar algo roto, pero olvidaron darles la herramienta. "Hay que dejar claro que lo que se ha transferido son servicios, no competencias", matiza Francisco Tejada, portavoz del Gobierno de Córdoba (IU). El mantenimiento de los centros escolares, el estado de las carreteras, el transporte urbano y la seguridad son las competencias, antes impropias que serán reconocidas en la ley, que más dinero han "robado" a las arcas municipales.

"Ya es oficial que debemos asumir lo más costoso sin la financiación necesaria", concluyen en el consistorio cordobés, que según un cálculo de la FEMP gasta entre el 30 y el 35% de su presupuesto en pagar las políticas que eran responsabilidad de la Junta. El Ayuntamiento de Sevilla también destinó entre 70 y 80 millones de euros en competencias "que no eran estrictamente locales", apunta Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE). "Si disociamos el tema de las competencias transferidas del de la financiación que debía venir con ellas, estaremos haciendo lo mismo que hace 30 años", señala la alcaldesa de Adra (Almería), Carmen Crespo (PP). Los municipios no se sienten especialmente agradecidos por haber asumido servicios que concentran las quejas de los ciudadanos (arreglo de escuelas, actividades para mayores...)

A QUIÉN RECLAMAR

"Sin dinero, la Junta nos remitirá al Estado y el Estado a la Junta"

A la vez que las leyes locales (la de autonomía y la de participación en los tributos) inician un largo camino en su tramitación parlamentaria, el Gobierno central estudia la fórmula de la financiación local. Los ayuntamientos andaluces consultados creen, sin tenerlo muy claro, que quizá las nuevas leyes andaluzas, las primeras de España, les sirvan para reclamar al Estado el dinero que les cuesta hacer cosas por las que el Estado paga a las comunidades.

"No está nada claro a quién podemos reclamar. Mientras no haya dinero en las arcas, la Junta nos remitirá al Estado y el Estado a la Junta", dicen desde el Ayuntamiento de Córdoba (IU). "Necesitamos que nos llegue más dinero de Madrid que de la Junta, dinero incondicionado que podamos gastar en lo que realmente necesitamos", añade Pedro Rodríguez (PP).

El alcalde de Utrera (PA) cree que el dinero se reparte mal, que "hay demasiadas instituciones intermedias que acaparan un dinero que no necesitan tanto como nosotros": "¿Qué competencias tienen las diputaciones? ¿Qué hacen? ¿Por qué reciben dinero? Es a nosotros a quien nos reclama el ciudadano", dice Francisco Jiménez.

La ley podría amparar a los ayuntamientos para reclamar lo que es suyo, pero la crisis está haciendo pasar desapercibido este avance político tan esperado. Como no hay de dónde sacar, PP e IU han reabierto otro debate que parecía zanjado en los artículos del Estatuto que hablaban de las leyes locales: repartir a los ayuntamientos los ingresos de la Junta, y no sólo los tributos que recauda. La diferencia es de 33.000 millones de euros a 12.000. "Los tributos están condicionados por la crisis, y los ingresos no, por tanto es menos dinero el que recibimos. Eso es lo que hay que cambiar", insiste el alcalde de Huelva.

CÓMO ADELANTAR DINERO

"La ley es genial, pero lo que tenga pensado gastar, que lo gaste ya"

Todos los alcaldes consultados defienden las leyes locales, y todos coinciden en que hay que llenarlas de contenido. Está claro que regular unas normas que inciden en la autonomía y el autogobierno municipal necesita un acompañamiento presupuestario. Pero algunos regidores, como el de Córdoba (IU) o el de Málaga (PP) defienden que estas leyes son "un hito en la política andaluza y hay que saber aprovecharlas".

"Las leyes no se han hecho sólo para estos presupuestos. Estamos en crisis, y quizá no funcionen ahora como deberían, pero hay que tener visos de futuro, a la larga supondrán un cambio sustancial", dice Francisco Tejada (IU). "Yo me fío del director general que ha redactado estas leyes, y creo en ellas y en su importancia", añade el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. De la Torre propone fórmulas para lograr que se les adelante a los 771 ayuntamientos andaluces parte del dinero del fondo de nivelación (159 millones).

"Mientras se tramita la ley, la Junta podría proporcionar convenios de gestión de recursos, para rehabilitación de viviendas, colegios... la ley es genial, pero anticipemos los hechos a la ley como prueba de la voluntad descentralizadora de la Junta. No quiero más dinero que el que haya, pero lo que tengan pensado gastar, que lo gasten ya. 2010 va a ser un año muy duro para los ayuntamientos". No todo el PP suscribe esta idea. El partido defiende que la ley se aplique de forma retroactiva, porque las obligaciones de gasto ya no formarán parte de los Presupuestos de 2010. Pero la Junta se niega.

El alcalde de Utrera (PA) no es "optimista con la ley en plena crisis. Los ayuntamientos hemos pedido préstamos al banco para pagar lo que nos echaba encima la Junta. Los intereses los pagamos nosotros".

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