El ánimo de los ex mineros de Boliden que quieren recolocarse en Cobre Las Cruces, en Gerena, está por los suelos después de que la Confederación Hidrográfica (CHG) anunciara que quitará la licencia al yacimiento si no corrige el mal uso del acuífero.
El comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Javier Serrano, declaró anteayer a este periódico que la multinacional Inmet, a punto de explotar la mina a cielo abierto, tiene su "última oportunidad" para que le funcionen los retoques al sistema de reinyección del agua en el acuífero Niebla-Posadas, bajo el yacimiento, sin que vuelva a contaminarse con metales pesados como en mayo, lo que le costó la paralización provisional de los trabajos. La próxima retirada de la licencia, advirtió Serrano, sería "definitiva".
Sus declaraciones cayeron ayer como un jarro de agua fría entre los ex mineros de Aznalcóllar aún no recolocados, 75 personas que busca empleo fijo desde el cierre de la mina de Boliden, en 2002, tras una catástrofe ecológica sin precedentes en España que nadie quiere ver repetida. Juan José Fernández, portavoz de este grupo de mineros, mostró ayer su pesar: "Nos da miedo", dijo, el que la apertura de la mina se cuestione cada pocas semanas con algún incidente. "Las familias están cada vez más deprimidas, póngase en nuestro pellejo", enfatizó para recordar los "siete años de calvario".
Su situación es más angustiosa por cuanto se sentían ya "cerca" de un acuerdo con la Consejería de Empleo y con Cobre Las Cruces para recolocarse en el yacimiento. Su vida laboral sería corta: con edades que rondan los 50 años, esperarían a prejubilarse en cuanto alcanzaran la edad fijada para el abandono de la profesión en la minería, menor que en otros trabajos menos peligrosos y e insalubres. "Queremos pasar sin problemas laborales los siete años que nos quedan a la mayoría, no entrar en Las Cruces y encontrarnos con otra regulación de empleo", resumió.
Los ayuntamientos que perderían más empleos si la confederación hidrográfica retira la licencia, Gerena (unos 300, un tercio del total) y Guillena (bastantes menos), no quisieron pronunciarse ayer. En todo caso, fuentes del Ayuntamiento de Guillena recordaron las declaraciones de su alcalde, Justo Padilla (PSOE) tras la denuncia por presunto delito ambiental que interpuso en septiembre la Fiscalía: "estoy a favor de la mina siempre que cumpla todas las garantías de seguridad". Las tres consejerías con algo que decir sobre el tema: Innovación, Empleo y Medio Ambiente no quisieron pronunciarse. Sólo desde Innovación recordaron las declaraciones de su titular, Francisco Vallejo, al Parlamento andaluz: el aval de 78,8 millones de euros debe hacer pensar a la mina en no tomarse a broma la seguridad.
Cobre Las Cruces declinó comentar las declaraciones del comisario de Aguas.
