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Los exconsejeros Martín Soler y Antonio Fernández recurren su imputación por las ayudas a la Sierra Norte

El abogado defiende el "desconocimiento" que ambos tenían de estas ayudas y solicita a la Audiencia Provincial de Sevilla que revoque el auto.

el 02 mar 2015 / 12:13 h.

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Los exconsejeros de la Junta de Andalucía Martín Soler y Antonio Fernández han recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla, dada la "desertización probatoria" existente, el auto de 6 de febrero en el que la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares amplió la imputación contra ambos en relación a las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla. En dicho auto, la instructora imputó a otras 34 personas en relación a dichas ayudas --entre ellos los exalcaldes socialistas de El Real de la Jara y Guadalcanal-- y amplió la imputación contra los dos exconsejeros, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, los exdirectores generales de IFA/IDEA Francisco Mencía y Miguel Angel Serrano, y José Enrique Contreras, gerente del IFA en Sevilla entre 2002 y 2004, a todos los cuales citó a declarar el 7 de abril. En los dos recursos, a los que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de los exconsejeros, Alfonso Martínez del Hoyo, defiende el "desconocimiento" que ambos tenían de estas ayudas y solicita a la Audiencia Provincial de Sevilla que revoque el auto dictado por la magistrada y deje sin efecto la acordada ampliación de imputación. Así, y en el recurso de Antonio Fernández, el letrado tacha de "contrario a Derecho" y "gravemente lesivo" para el exconsejero dicho auto, donde la juez le amplió la imputación por la ayuda a Andalucine y Producciones Barataria, que según Alaya fue concedida por Guerrero "con el conocimiento" de Fernández. El letrado asevera, en este sentido, que esta última afirmación está "absolutamente carente de soporte explicativo o acreditativo de su ajuste a la realidad", añadiendo que, en el atestado de la Guardia Civil, el exconsejero "aparece mencionado una sola vez, y no para relatar conducta concreta alguna atribuible al mismo, sino precisamente para descartarla". "PURA PRESUNCION" El exconsejero "niega rotundamente haber tenido conocimiento de ninguna clase ni, por ende, haber consentido o dado instrucciones al entonces director general de Trabajo en relación a los citados expedientes", por lo que "resulta por entero improcedente la transcrita ampliación de imputación, a todas luces arbitraria y efectuada desde la pura presunción". A su juicio, "lo que resulta es la completa ausencia de cualquier responsabilidad personal del exconsejero en los referidos hechos, sea cual sea la entidad de éstos, pues firmemente sostenemos que las cuestiones de inadecuación o falta de idoneidad administrativo-presupuestaria analizadas en la instrucción en torno al programa presupuestario 31.L de la Consejería de Empleo son cuestiones completamente alejadas del ámbito objetivo propio del Derecho Penal". Por ello, "no cabe mecánica e injustificadamente transmutar 'inadecuación procedimental' en 'arbitrariedad' prevaricosa y malversadora'". En relación al exconsejero Martín Soler, la instructora amplió su imputación "por lo que se refiere a las ayudas concedidas durante el tiempo que fue consejero de Innovación y presidente de la agencia IDEA --desde el 23 de abril de 2009 al 22 de marzo de 2010--, periodo en el que se llevaron a cabo convenios con la Dirección de Trabajo para el pago de las subvenciones referidas por importe de 499.500 euros, desembolsándose desde esa agencia fondos por importe total de 487.500 euros". EL CONSEJERO DE INNOVACION "NO CONCEDE NINGUNA AYUDA" El abogado de Soler sostiene en su recurso, consultado por Europa Press, que el consejero de Innovación "no concede ninguna ayuda", ya que la concesión de las ayudas examinadas "queda fuera de las competencias que le son propias", añadiendo que del propio auto "resulta que las ayudas las concede sola y exclusivamente la Dirección General de Trabajo". Además, el consejero de Innovación "no firma los convenios entre Empleo e Innovación, pues tal cometido se queda en el ámbito de la Dirección General de IFA/IDEA, como también resulta claramente afirmado a lo largo del propio auto", dice el letrado, que agrega que "en el periodo que desempeñó su cargo, estos convenios no se incluían en el orden del día del Consejo Rector de IDEA, por lo que el consejero, en su calidad de presidente de IDEA, nunca conoció siquiera ningún convenio de esta naturaleza". "Es llamativa la ampliación de imputación que combatimos si se considera que, a todo lo largo del atestado de la UCO, aparece mencionado nuestro representado una sola vez, y no para relatar conducta concreta alguna atribuible al mismo", asevera el abogado, que considera que "la realidad de los hechos evidencia la no participación personal, la ausencia de intervención, el pleno desconocimiento por parte de Martín Soler". NO HAY INDICIOS DE CRIMINALIDAD Al hilo, subraya que su cliente "nunca participó, conoció, decidió, se reunió, firmó, o fue informado de nada que tuviera que ver con estas ayudas", todo lo cual le lleva a afirmar que "no hay ni en el atestado ni en el auto ninguna atribución de conducta concreta, ningún razonamiento que incorpore indicio alguno de criminalidad en relación a Soler". "No hay la menor traza de que haya participado ni directa ni indirectamente en ninguna decisión, ni desde luego ha firmado convenio ni resolución administrativa en relación a las ayudas examinadas", dice el recurso, que lamenta la "desertización probatoria" existente e incide en que el exconsejero "niega rotundamente haber participado o conocido o consentido cualquier clase de conducta ilícita en relación a ninguno de los expedientes referenciados". El abogado subraya que, "sin ánimo de eludir responsabilidades, se ha de afirmar que no estaba entre las funciones del consejero decidir sobre los aspectos concretos, puntuales y singulares de las muy diversas y numerosísimas actuaciones que cotidianamente se llevaban a cabo en la agencia IDEA", añadiendo que su cliente "confiaba, y confía, en la rectitud, probidad, honestidad y profesionalidad de todos y cada uno de los servidores públicos de IDEA que desarrollaron su cometido en el momento temporal en que desarrolló su mandato". Martín Soler "no participó ni directa ni indirectamente en ninguna de las distintas materializaciones de los pagos del programa 31.L que IDEA llevó a cabo durante dicho periodo", a lo que se suma que "no existe en la causa, ni existirá, un solo documento o acto, directo o indirecto, que pueda vincular a Soler con la muy limitada, concreta y singularizada actividad que IDEA desarrolló en este entorno a que se ciñe la investigación judicial, y que no fue otra que materializar los pagos de las ayudas concedidas por la Dirección de Trabajo".  

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