El próximo día 7 de abril se producirá un dato curioso y reseñable en relación al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, puesto que tanto la juez Mercedes Alaya, como el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han señalado para ese día las declaraciones de distintos imputados en el marco de sus respectivas causas.
De este modo, y según los datos recopilados por Europa Press, la primera en realizar citaciones fue la juez Alaya, que ha citado a declarar el 7 de abril a distintos imputados en relación a las ayudas concedidas a personas y empresas de la Sierra Norte de Sevilla.
Así, la magistrada ha citado a declarar ese día a los exconsejeros Antonio Fernández y Martín Soler, al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a los exdirectores generales de IFA/IDEA Francisco Mencía y Miguel Ángel Serrano, y a José Enrique Contreras, gerente del IFA en Sevilla entre los años 2002 y 2004.
De su lado, el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha citado a declarar en calidad de imputados a lo largo del próximo mes de abril a los cinco aforados a los que investiga.
Así, ha citado el 7 de abril al exconsejero de Empleo José Antonio Viera; el 9 de abril al expresidente de la Junta José Antonio Griñán; el 14 de abril al también expresidente Manuel Chaves; el día 16 al exconsejero Gaspar Zarrías, y, por último, el 21 de abril a la también exconsejera Mar Moreno.
A todos ellos les citó a las 10,00 horas del día correspondiente para prestar declaración en calidad de "imputados en la presente causa en relación con los actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a personas físicas".
Tras ello, el TSJA ha citado a declarar el 7 de abril al exconsejero de la Junta Antonio Ávila y el 8 de abril a la también exconsejera Carmen Martínez Aguayo, todo ello después de la solicitud formulada por ambos para acudir a declarar de manera voluntaria.
El magistrado instructor, Miguel Pasquau Liaño, pone de manifiesto que, según el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los investigados "tienen derecho a solicitar voluntariamente que se les reciba declaración y a que ésta se practique 'inmediatamente'".
ANTONIO ÁVILA TAMBIÉN DECLARA EL 7 DE ABRIL No obstante, el instructor señala que, "previamente a practicarse la misma, es necesario proceder a un estudio de cierta exhaustividad sobre la causa" con el fin de dar cumplimiento a la exigencia establecida en el artículo 775 de la citada Ley, según el cual, "en la primera comparecencia, el Juez informará al imputado, en la forma más comprensible posible, de los hechos que se le imputan".
En consecuencia, "hallándose en una fase inicial de toma de contacto con los testimonios remitidos por el Juzgado de Instrucción, y siendo necesaria una inmersión en los mismos para poder practicar un interrogatorio que resulte de utilidad", cita a declarar en calidad de imputado a Antonio Ávila el día 7 de abril y a Carmen Martínez Aguayo un día después, también en calidad de imputada.
"Todo ello sin perjuicio de que ulteriormente se les pueda volver a recibir declaración cuantas veces sea necesario por el órgano judicial que resulte definitivamente competente a los ahora solicitantes y a los otros dos imputados --Vallejo y Recio--", todo ello en relación al hecho de que, una vez se constituya el nuevo Parlamento andaluz en abril, todos ellos dejarán de ser aforados y, por ello, podrían ya comparecer ante Alaya.
